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Libertad, educación y financiación

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El próximo día 12 de noviembre está convocada una manifestación en protesta contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 22 de julio y que próximamente se debatirá en el Parlamento español. Mientras tanto, y quizás a causa de esa convocatoria, el sector educativo ha dado el salto a los medios de comunicación convirtiéndose en actualidad. De este modo, han comenzado a ver la luz noticias que tratan de aspectos diversos, entre las que destaca el sistema de financiación de la enseñanza, un antiguo debate que tiene enorme interés, ya que en la práctica constituye el medio para hacer viable la libertad. Sin embargo, en el momento actual este debate no resulta oportuno ya que debería realizarse en una etapa de sosiego, cuando los interlocutores buscan encontrar una solución compartida que dé respuesta a los deseos de todos y constituya una solución válida con visos de futuro. Ahora mismo, el debate que debería plantearse no tendría que ver con la financiación. Este debate, sin embargo, tendría que plantearse desde el ámbito de las libertades. Cuando se analiza el proyecto de Ley que está en el Parlamento, se comprueba que lo que está en juego es nuestro sistema de libertades. ¿O es que hay alguien que piense que, una vez que las admisiones se han desgajado del proceso de elección del centro por parte de la familia, volverán a su estado anterior? ¿O que se pueda dar marcha atrás una vez que el Consejo Escolar de los centros educativos configure y apruebe el proyecto educativo y el ideario? O, por citar un ejemplo más, ¿una vez que los alumnos comiencen a ejercitar la libertad de no asistencia a clase que les da el Proyecto de Ley, van abandonar ese derecho? Las familias, las empresas educativas, la comunidad educativa en su totalidad es la que tiene planteado un problema de libertades. Y es todo el sector el que se encuentra atacado por el proyecto que ahora se debate. No se citan, por no alargar más este artículo, otros elementos del proyecto, que se entenderían comprendidos en el capítulo de calidad de la enseñanza, y donde deberían incluirse los aspectos de promoción y evaluación, que además afectan gravemente a la situación del profesorado. Tampoco hablaremos ahora del modo en que padres y profesores de Religión ven segadas sus libertades constitucionales con el proyecto que ahora se plantea. Es hora de hablar de libertad. Y dentro de un tiempo —quizá no mucho- será cosa de plantearnos las herramientas de la libertad como la financiación y sus modelos. Ahora un discurso semejante solamente servirá para debilitar a quienes tratan honradamente de poner en su garganta, y en la de la sociedad, un grito de libertad en una sociedad que parece oprimida nuevamente desde una Administración poderosa que no toma en cuenta a la sociedad civil.

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