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¿Normalización de los derechos individuales?

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Ha iniciado el lehendakari Juan José Ibarretxe una ronda de contactos con todo el arco parlamentario vasco, en la que incluye explícitamente a Batasuna. El objetivo es sentar las bases para la creación de una mesa de diálogo entre los partidos, para la consecución de los que llama la "normalización de Euskadi". Es evidente que en la delegación de poderes de carácter autónomo no se circunscribe crear parlamentos paralelos con partidos ilegales. De hecho, la imputación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, afirmando en el auto de procesamiento por un delito de integración en ETA, a los tres responsables de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que esta formación "ha sido utilizada por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al denominado ciclo de ilegalización", no deja lugar a dudas de la normal alegalidad imperante. Si la estéril reunión monclovita con Rajoy tiene la cortapisa del pacto del Tinell de no lograr acuerdos con el PP, la reunión pecuniaria con Ibarretxe tiene la cortapisa de la legalidad vigente. El juego de la comba con la Ley de partidos y Constitución. Ya lo declaró Imaz que una cosa es lo conseguido respecto al Cupo vasco, Ertzaintza y Prestige, en esta reunión. Otra los presupuestos generales y autonómicos, y otra bien diferenciada la "normalización" y la "paz". Normalizar la ilegalidad constituye un fraude a los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. No por cuestiones de leyes de rango orgánico, sino por aquellas tan simples que permiten a la población la libertad de manifestarse públicamente, entre ellas sus preferencias políticas. Normalizar la coacción, chantaje, extorsión y matonismo recuerda episodios de nuestra Historia, tristemente no olvidados. Seguridad para tu negocio y tu familia, pagando protección, le llaman la "paz". ¿Si los poderes allí establecidos no normalizan los derechos individuales, como pueden normalizar un gobierno? . Menos aún cuando se desprecia la ayuda del resto del Estado, para dar poder a los que desprecian el Estado de Derecho

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