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Telefonía móvil y salud

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Las redes de telefonía móvil han tenido un crecimiento y un despliegue sin medida en los últimos años, que ha supuesto la proliferación caótica y descontrolada de estas infraestructuras de telecomunicaciones, un aumento significativo de la contaminación electromagnética y riesgos ambientales y sanitarios asociado a estas infraestructuras. Esta proliferación sin ningún control y con desconocimiento de las corporaciones municipales hizo surgir primero una preocupación social por el tipo, carácter y niveles de emisiones de estas infraestructuras radioeléctricas A esto, se añadía la carencia de recursos humanos, medios materiales e instrumental de medición por parte de las diferentes inspecciones territoriales de telecomunicación competentes para el control de estas instalaciones radioeléctricas, lo que suponía, en la práctica, un desconocimiento de los niveles de emisión de dichas antenas y los niveles de inmisión que recibían los ciudadanos. Esta situación de rechazo social al despliegue de antenas lo intentan superar las operadoras con nuevas estrategias de ocultación y camuflaje de antenas e infraestructuras de telefonía móvil. Quien habita o trabaja en las cercanías de una antena de telefonía móvil no puede decidir por si mismo a cuanta radiación electromagnética estima oportuno exponerse.. La legislación estatal elaborada por el anterior gobierno y hecha a la medida y los interés de las operadoras de telefonía móvil no ha resuelto del impacto social y ambiental de esta redes de telecomunicaciones, lo que ha obligado a algunas comunidades autónomas y a muchos ayuntamientos a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición más restrictivos y, sin embargo, queda pendiente una directiva europea que sirva como un instrumento real para hacer compatible desarrollo de la telefonía móvil y la minimización de las afecciones ambientales y para la salud pública. Diversas conferencias internacionales de prestigiosos científicos independientes alertando sobre los posibles peligros (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002) y. en el estado español, la Declaración de Alcalá de Henares; así como investigaciones epidemiológicos publicadas en revistas científicas de prestigio, han señalado los efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa estatal Es necesario el desarrollo de un programa de publico estatal e independiente, no subvencionado por las operadoras de telefonía, de los efectos sobre la salud pública e investigación específica sobre las personas denominadas electrosensibles.