Contra la campaña de desprestigio del Comité de sabios
Al hacerse público el Informe del Comité de Expertos para la reforma de los medios audiovisuales del Estado, la Federación de Servicios de UGT hizo público un comunicado en el que expresaba su posición favorable al contenido del informe y su mayor grado de coincidencia con el modelo propuesto para RTVE y la Agencia EFE, posición con la que, como es lógico, coincide plenamente esta Sección Sindical de UGT en RTVE.
Pero esta carta responde a la necesidad, de no permanecer callados, ante lo que es una campaña de desprestigio de cuatro de los componentes de dicho Comité, así como a la proyección de una clarísima oposición a la participación sindical en la gestión de estas empresas públicas, en concreto a formar parte de sus Consejos de Administración.
En el primer asunto es triste y lamentable comprobar como se practica la descalificación soez e ignorante, en tantos medios de comunicación privados y por parte de tantos meritorios de la pluma, sin mas argumentos que asegurar que todo seguirá igual de aplicarse el modelo contenido en el Informe concluido, cuando lo cierto es que, de hacerse caso a lo propuesto, especialmente en el caso de RTVE, significaría una autentica revolución con respecto a la situación actual, que permitiría a los ciudadanos de este país contar con un verdadero, digno y eficiente servicio público, en línea con lo que es y supone para otros muchos países de nuestro ámbito europeo, que cuentan con radios y televisiones públicas fuertes y determinantes, capaces de contrarrestar desde la "telebasura" hasta la formación de opinión pública manipulada en beneficio de intereses particulares y que cumplen con su obligación de servir para la información, formación y entretenimiento de las personas con valores inducidos de tolerancia, solidaridad y democracia, entre otros de los que empezamos a ser deficitarios.
Esta apuesta, sin duda progresista, democrática y coherente con un estado de base social y justicia igualitaria, ha sido planteada sin complejos por cuatro de los expertos, mientras que el quinto ha preferido representar la opción ultraliberal que, parece ser, conviene mas a los intereses de los grupos privados de comunicación, que tanto le jalean. Discrepantes pero respetuosos con la posición de González Urbaneja, tenemos que reclamar el mismo respeto para los cuatro expertos coincidentes, asombrados de que sus reconocidos méritos intelectuales y profesionales hayan sido pasados por alto de forma tan escandalosa.
Esta sección sindical de UGT en RTVE quiere dejar constancia expresa de su reconocimiento y gratitud por el trabajo realizado, la dedicación y el esfuerzo de análisis, debate y proposición que contiene y lo lucido y acertado de sus propuestas, que cabe atribuir a Don Emilio Lledó, Doña Victoria Camps, Don Fernando Sabater y Don Enrique Bustamante. Debemos hacer especial mención al profesor Bustamante, al que algunos han acusado de intenciones de mediatizar el informe y buscar posiciones predeterminadas de supeditación a intereses políticos o gubernamentales, lo que rechazamos como certeza, ni siquiera como posibilidad.
El otro asunto objeto de esta carta es la reacción virulenta, también amplia entre tertulianos, columnistas y opinadores de toda laya, sobre la participación de los trabajadores de la empresa pública en la gestión de la misma, a través de sus sindicatos representativos, y que ha venido en presentarse como el adueñamiento de la misma por intereses espurios, (no ha faltado quien se atreviera a establecer similitudes mafiosas), en esgrimir falsos peligros de situaciones de veto o a considerar tal medida incompatible con la responsabilidad de administrar un bien público y asegurar el servicio encomendado.
Tales posiciones vienen en desconocer la realidad de lo que ha supuesto, y sigue suponiendo, la co-responsabilidad de los sindicatos, en especial de la UGT, en la mejor administración de numerosas empresas públicas, desde que en el ámbito de los Acuerdos Marco de los años 80, se estableciese dicha participación en los Consejos de Administración de la practica totalidad de las empresas incluidas en el antiguo INI y el Patrimonio del Estado, compatibilizando la defensa de los intereses de los trabajadores con la responsabilidad de la optimización de bienes públicos y, cuando ha sido necesario, con la obligación de asumir sacrificios para asegurar la viabilidad de esas empresas.
Para terminar tenemos que señalar el hecho de que la representatividad social de los sindicatos es incuestionable, dado que estamos sujetos al mayor nivel de concurrencia, de refrendos electorales, que ninguna organización de otro tipo tenga que asumir.
Ni los partidos políticos, ni ninguna otra entidad democrática, están obligados a una situación permanente de concurrencia electoral en millones de empresas del país, con la necesidad añadida de contar con millones de candidatos para cubrir las listas electorales a Delegados de Personal y miembros de Comités de Empresa, basando nuestro crédito electoral en los resultados de la labor de representación de los trabajadores, ejercida en la actividad cotidiana de cada día en las empresas o en los logros de la negociación colectiva que afecta al conjunto de los trabajadores.
Esta realidad contrasta enormemente con una cierta cultura, muy en boga, que pretende presentar a los sindicatos como oscuros grupos de presión, anclados en tiempos pretéritos y limitados por intereses parciales sin responsabilidad con el conjunto de los problemas sociales y económicos. Nada más lejos de la realidad como millones de trabajadores se empeñan en demostrar al darnos su representatividad.
