Sábado 03/12/2016. Actualizado 01:21h

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¿Un juicio penal o un juicio político?

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Existe, en todo este proceso, una particularidad muy singular. El enfrentamiento, diríamos que "a cara de perro", entre las dos asociaciones de víctimas afectadas por el mismo proceso. Unos que pretenden que se averigue exhaustivamente toda la verdad de lo ocurrido, caiga quien caiga; y otro sector, en cambio, extrañamente decantado hacia las tesis del Ejecutivo, comandado por la señora Manjón, que quieren, según sus propias declaraciones: "una sentencia sencillamente ajustada a nuestra legislación y a los hechos que aquí se han juzgado".

Pase lo que pase con el juicio del 11-M, sea cual sea el veredicto definitivo de los jueces con relación a los acusados o, lo que es lo mismo, a los recluidos en la urna de paredes transparentes que, a algunos, les ha dado por calificar como "pecera". No he sido de los que han seguido, reunión tras reunión, este proceso criminal y, por tanto, no puedo opinar sobre el fondo del mismo. Sin embargo, quizá por haberme mantenido fuera de la polémica entre los defensores de la versión "oficial" y de los que propugnaban por la teoría de la "conspiración", se me pueda permitir que haga algunos comentarios, sin ninguna pretensión de que sean acertados, pero eso sí, desde lo que podría pensar cualquier ciudadano de a pie, ignorante de toda la parafernalia del procedimiento penal. Lo primero que nos llamó la atención fue que, a los dos días de que se cometiera el atentado, el juez Del Olmo, instructor del caso, ordenara el desguace de los vagones en los que habían explotado los ingenios que pusieron los terroristas. Una decisión, a la vista de cualquiera que ha tenido ocasión de observar la minuciosidad con la que en otros países se reproduce la escena de los hechos -sea restaurando los restos de una aeronave o restaurando un vehículo siniestrado - algo incoherente. En cualquier caso, difícilmente asimilable por la opinión pública.

Otra de las singularidades de la instrucción, ha sido el follón que se ha armado con los explosivos que para unos fue Goma 2 y para otros Goma 2 con otros aditamentos o el famoso Titadine de la ETA. Los peritos no se han puesto de acuerdo, tampoco la fiscalía, que ha acabado con una frase lapidaria, diciendo "que sea Goma 2 o Titadine, en definitiva no importa." No parece que una cuestión tan básica para la causa pueda ser tomada tan a la ligera por el encargado, en nombre del Estado, de dilucidad un crimen y de buscar las pruebas para la acusación. Otra cuestión que ha causado alarma en la ciudadanía.

En cualquier caso, lo peor, a mi entender, de este macro proceso ha sido la sensación que ha flotado en el ambiente de que allí, en vez de intentar esclarecer la verdad de lo sucedido, en lugar de investigar quienes fueron los verdaderos inductores y los responsables únicos de la gran masacre del 11 de Marzo, se estaban enfrentando dos tendencias políticas, de distinto signo, empecinadas ambas en estar en posesión de la razón, o lo que podría ser aún peor, necesitando con urgencia arrimar el ascua a su particular sardina para salvar los platos rotos en el caso de que, por un milagro, se llegara a esclarecer la verdad de lo ocurrido. Si hay algo que cause más confusión entre los ciudadanos de a pié, más aún que unos malos abogados o unos magistrados incompetentes, es que la justicia se aplique en virtud de conveniencias partidistas. Y me temo que, en esta ocasión, se ha politizado tanto en torno a las supuestas tramas: Al Qaeda y la ETA, que las presiones que han gravitado sobre todos los testigos, peritos, fiscales e incluso sobre los mismos abogados defensores (enfrentados entre sí) han redundado en que, el verdadero juicio, no haya sido el del juez Bermúdez y sus acompañantes, sino, más bien, el que se ha dirimido entre la prensa de uno u otro bando. Por ello, me temo que la sentencia que se pueda emitir, en el mes de Octubre, no será más que un motivo más para que se reanuden las hostilidades sobre lo fallado y lo que, según los perjudicados, se debió fallar.

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