Jueves 19/10/2017. Actualizado 01:00h

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No al tarifazo

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En relación con la intención del Ministerio de Industria de rebajar la tarifa un 30% para todas las plantas solares fotovoltaicas actualmente en operación, se debe conocer lo siguiente:

 

-          Ese sector fue diseñado por el Gobierno para que entraran pequeños inversores en instalaciones de hasta 100 kW. El resultado es que hay más de 35.000 inversores, la mayoría personas físicas. Muchos españoles y muchos extranjeros.

-          Muchos de esos inversores son personas que han comprometido los ahorros de su vida, confiando en el marco legal vigente, en ese momento, y en las declaraciones de apoyo del Gobierno al sector de energías renovables.

-          La inmensa mayoría de estas inversiones tienen créditos bancarios por el 75% a 90% de la inversión.

-          Una reducción de tarifa (o de horas de producción anual) del 30% hará imposible cumplir con los compromisos de pago de esas financiaciones. Las entidades financieras se quedarán con las instalaciones y perseguirán a los inversores, para intentar cobrarles lo que puedan de los créditos (siempre que no sean financiaciones de proyecto “Project Finance”).

-          Todos esos inversores no son “especuladores”, como se ha querido hacer ver, de forma interesada. Las rentabilidades esperables eran razonables en el momento de realizar su inversión.

-          Además, la inmensa mayoría de los inversores no están en las asociaciones sectoriales (AEF, ASIF, APPA, etc.). En estas asociaciones están las empresas que trabajan en el sector. Por tanto, ¿Quién defiende y representa frente al Ministerio a los inversores personas físicas?

Si finalmente se lleva a cabo la amenaza, la conclusión es desoladora: Las entidades financieras volverán a tener una montaña de préstamos fallidos (15.000 millones de euros) y la mayoría de los inversores  perderán toda su inversión o algo más. Para todos estos, difícilmente se podrá justificar que la rentabilidad de su inversión “seguirá siendo razonable”. En el caso de entidades financieras extranjeras, es fácil imaginar la publicidad que harán de nuestro país.

Aparte de destruir totalmente la confianza de los inversores nacionales y extranjeros en España, podemos esperar una avalancha de procesos judiciales en España y de arbitrajes internacionales (invocando los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones), en el extranjero.

Sería una conclusión muy penosa para un sector, en el que España ha logrado ser líder mundial, se sigue apostando en bastantes países,  y era uno de los buques insignia del Gobierno actual.

Al final, si es que se cometieron errores, lo que es muy discutible, ¿Quién los cometió?. Puedo asegurar que el único error de los inversores fue confiar en que en España teníamos seguridad jurídica.

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