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Tribuna libre

Ataque a la justicia

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La separación de poderes es un pilar esencial del Estado de Derecho. El judicial ha de tener total independencia con la aplicación estricta de la Ley.

Este es un principio para el que no cabe discusión, ni es adaptable a intereses o conveniencias políticas ya que sobre él se sustenta la democracia. Sin embargo, existe una estrategia de acoso para quebrar la independencia judicial y plegarla a las consignas gubernamentales. La hoja de ruta de la negociación con ETA contempla todos los frentes, desde la supresión de la persecución policial de los terroristas –las detenciones han descendido un 80 por ciento desde que el Gobierno inició su acercamiento al mundo abertzale- hasta la utilización o neutralización de la acción de la Justicia. Para ello, cuando ganó las elecciones, el Gobierno sustituyó al entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal por Cándido Conde Pumpido y poco tiempo después obligó a renunciar “por motivos personales” al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, del que consideró –probablemente con razón- que no secundaría los planes de condescendencia y permisividad en las resoluciones que la nueva política del Gobierno reclamaba y necesitaba para seguir adelante con sus planes. Es un alivio comprobar que, a pesar de esta “baja”, en la Audiencia Nacional continúan trabajando excelentes jueces que mantienen su independencia.   El estamento judicial está demostrando en este trance de ataques y descalificaciones, su fidelidad y respeto a lo que significa ser responsable de aplicar la ley y su determinación en que ésta sea igual para todos, ricos o pobres, poderosos o débiles, terroristas o delincuentes comunes. Aunque el Gobierno vasco pretenda sobornarlo o represaliarlo, no hay casas, ni prebendas o chantajes que compren su integridad. Los jueces están siendo en esta dificilísima coyuntura, el bastión que resiste las embestidas de unos políticos que creen que la justicia está a su servicio y que se tiene que amoldar a sus consignas. Son la garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestros derechos individuales y colectivos son y serán protegidos.   Estamos asistiendo a un espectáculo deplorable e indigno en el que representantes del PNV y el PSOE y otros de grupos ilegales, incluso el propio presidente del Gobierno, están no sólo criticando sino presionando también a los jueces para que alteren sus decisiones y si no lo hacen, muestran públicamente su indignación y les acusan de boicoteadores “involucionistas”, (Imaz dixit) o “jueces patrióticos que hacen juicios políticos”, en palabras de Ibarreche. Estos nacionalistas consideran que para negociar con ETA vale todo y todas las normas que nos hemos dado los españoles se han de convertir en papel mojado. No importa que el señor Atucha desobedeciera una sentencia firme del Tribunal Supremo que le instaba a disolver un grupo declarado ilegal por formar parte de una organización terrorista, ni que al espécimen humano que se ha puesto a régimen, la Audiencia Nacional le haya condenado a 12 años de cárcel por un delito de amenazas terroristas, después de haber cumplido 18 años de condena efectiva por 25 asesinatos. Solo importa dejar el camino allanado para que los terroristas se integren con plenos derechos en la sociedad, que vuelvan a las instituciones, que se financien con dinero público y por supuesto conseguir la independencia para separarse definitivamente de la odiada España y para echar de su tierra sagrada a todo aquél que ose discrepar de sus designios.   Todos los nacionalistas vascos han aunado sus esfuerzos en esta “misión” Nunca se han visto tan cerca del objetivo, con el partido socialista -que ostenta el poder- dispuesto a hacer concesiones hasta hace poco tiempo impensables. No toleran el obstáculo de la Ley y pretenden reducir el Estado de Derecho y la democracia española a una farsa. Sin embargo, los jueces están dando un gran ejemplo de coraje, firmeza, independencia e integridad que constituye una luz de esperanza en este terrible pulso entre el Estado de Derecho y la pretendida impunidad ante el delito.