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La COPE, Pedro Jota y los periodistas peligrosos

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Ser periodista renta poco. Se reciben bastantes palos y uno está expuesto al juicio de todos. Como con el fútbol, donde cada cual tiene una opinión al respecto. Por eso, el debate sobre el estado de esta profesión es un tema cíclico. Basta que pierda el norte uno de nuestros colegas, a sueldo en un medio de cierto fuste, para que el asunto pase a ser tema de tertulias, de comentarios entre taxista y cliente. Hace muy poco, la profesión perdió a dos de sus más veteranos representantes, Jaime Campmany y Eduardo Haro Tecglen. Eran antagonistas, despertaban filias y fobias casi a partes iguales, tenían tantos detractores como fervientes admiradores. Su misión desde hacía varios años era comentar la realidad desde sus peculiares puntos de vista. En eso consistían sus vidas. Pues bien. Uno va a tener calle en Madrid (Haro Tecglen) y el otro… El otro también (Campmany), pero el consistorio de la capital de España no logró unanimidad en este caso: el PP debió imponer su mayoría para lograrlo ante la cerrada oposición de PSOE e IU. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. Una parte de la izquierda política española tiene un singular punto de vista del periodismo: nos dividen en profesionales “peligrosos” y profesionales “de confianza”. Es decir, unos susceptibles de “causar daño o cometer actos delictivos” (la Real Academia de la Lengua dixit) y otros “con quien se tiene trato íntimo o familiar” (ídem). Ahora que vuelven a estar de moda los micrófonos indiscretos, resulta de interés rescatar de las hemerotecas lo sucedido en aquella rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo de Ministros del 18 de junio de 2004, cuando la vicepresidenta primera negó la pregunta a una zona de periodistas. Finalizaba la ronda y tocaban las últimas preguntas. Fernández de la Vega compartía mesa con la ministra Cristina Narbona. La vicepresidenta alertó: “La última, la última. Por ahí”. Narbona indicó: “Por allí nos miraban”. Y respondió De la Vega: "Sí, pero por allí son muy peligrosos". Y así fue cómo otro micrófono indiscreto desveló, hace un año, el concepto que el Gobierno (y una parte de la izquierda al menos) parece manejar para la clasificación de los periodistas. Fue precisamente el “peligroso” Jaime Campmany el que se pronunció diciendo que a estos periodistas áulicos o de cámara (dispuestos al servicio) se les debe llamar “sobrecogedores”, no porque provoquen ningún sobrecogimiento sino porque cogen el sobre con toda naturalidad, decía con sorna. No es que uno quiera salir en defensa de unos periodistas por un malentendido espíritu de cuerpo. Es que está en juego el mismo sentido de la profesión. No es difícil encontrar personas que sostienen que los periodistas deben limitarse a llamar la atención sobre lo único y lo reciente, sin pretender activar e implicar al público con su relato. Más aún. En nuestro país existen ciudadanos convencidos de que la empresa periodística sólo debe buscar el beneficio monetario, un planteamiento en el que inmediatamente deja de ser noticia lo que “no venda”, y donde pasan a primer plano los sucesos que excitan el morbo del personal. ¿Qué puede hacerse, a fin de cuentas, cuando la supervivencia de la empresa exige, antes que nada, una aseada cuenta de resultados? ¿Qué puede hacerse, además, cuando el periodista de a pie termina siendo un “mandado”, que bastante contento debe de sentirse con haber encontrado empleo? ¿Qué puede hacerse —en fin- cuando el libre mercado impone su lógica glacial y la nómina del profesional del “rompe y rasga” quintuplica la del quijote chupatintas? Uno es de los que piensa que se puede hacer mucho. En esta sociedad de la información, somos bombardeados por opiniones, datos, pseudo investigaciones, reportajes y artículos. No damos abasto para seleccionar y jerarquizar. Internet ha venido a sembrar un poco más de confusión a este panorama, permitiendo a cualquier ciudadano el acceso a infinitas fuentes informativas. Sumergidos en ese maremagnum de impactos, muy pocas personas son capaces de separar por sí mismos los datos relevantes de la “información basura”, las consignas torticeras de los mensajes imprescindibles. Esa labor de clasificación la están realizando en estos momentos los periodistas. El profesional de los medios tiene ante sí el reto de recabar y analizar las actuaciones de las personas y entidades que tienen repercusión pública; darlas a conocer a los ciudadanos, que son, en definitiva, los afectados; ayudar a ese público a organizar sus respuestas, ofreciendo distintas perspectivas para interpretar los sucesos; y activar las energías de la sociedad civil, invitándole a comprometerse. ¿Es lícito que un periodista se proponga ese empeño? Sí, porque construir una sociedad justa y democrática no es sólo cosa de los políticos, sino muy especialmente de la sociedad civil. La misma tarea, por cierto, a la que están llamados los abogados, los barrenderos, los médicos, los carpinteros, los vendedores de Tupperware, los empresarios, los logopedas, los funcionarios, los joyeros o los delineantes. Por eso, resulta especialmente sospechosa cualquier maniobra de nuestra clase política dirigida a dividirnos en “buenos” y “malos”, y a dinamitar el libre desempeño profesional de quienes, con mayor o peor fortuna, parecen embarcados en ese cometido. Desde la COPE, a Haro Tecglen, pasando por Campmany o Pedro Jota.

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