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Competencia, tarde y mal

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La política de Competencia es un engranaje imprescindible de la economía de mercado, exige la máxima transparencia y repudia los acuerdos entre supuestos competidores por debajo y por encima de la mesa.

La Comisión Nacional de la Competencia no se puede decir que haya entrado con buen pié en lo que a la existencia o no de cárteles se refiere. Ha anunciado que abre un expediente sancionador a una variada muestra de agrupaciones empresariales del sector alimentario porque ve indicios de pacto o concertación en la subida de los precios de distintos productos.

De parte, manifiesta la Comisión (heredera del fenecido Tribunal de Defensa de la Competencia) que se ha tenido que acoger a un enunciado de principio que aparece en el Artículo 1 de la actual Ley, aprobada por el gobierno de Zapatero con el concurso consciente del PP, a pesar del retroceso que supone respecto de la regulación anterior. Se trata de un vaporoso enunciado general, porque, a lo largo de los cinco meses de tramitación del expediente informativo han ido poco más allá de lo que se ha leído abiertamente en los periódicos.

Para la Comisión, que una patronal de cualquier sector enuncie la inevitable subida de los precios de un artículo determinado ya es una señal clara de concertación. No es mucho el fundamento.

Es innegable que en bastantes casos, las fluctuaciones de los precios en el mercado acaban siendo tan parejas que hace estos movimientos sospechosos, pero tampoco se puede ignorar que la propia competencia produce a veces estas coincidencias. Todos hemos visto en el supermercado a un listero enviado por el de enfrente para saber a cómo tiene el azúcar o los pepinos para no separarse mucho del precio del vecino. Y eso no es concertación, sino dura competencia.

No se trata de defender lo indefendible. No va a ser este cronista quien renuncie a sus principios por defender los intereses de los productores de carne de pollo o los de leche o los de rábanos. De lo que se trata es de investigar con solvencia, de mantener el esfuerzo no sólo cuando la inflación se desborda y el Gobierno busca responsables. La Comisión de la Competencia no es una agencia del Gobierno, aunque la nueva Ley deja en manos del Ejecutivo decisiones irrenunciables para un organismo de control.

No se puede, a los cinco meses convertir en una concertación de precios la opinión del presidente de una patronal cuando dice, como estos siga así no va a quedar más remedio que subir los precios, que es, más o menos en lo que la Comisión fundamenta este expediente sancionador.

La política de Competencia es un engranaje imprescindible de la economía de mercado, exige la máxima transparencia y repudia los acuerdos entre supuestos competidores por debajo y por encima de la mesa. Y un celo in vigilando extremo. Podríamos darle unas pistas, por ejemplo, sobre las flagrantes restricciones a la actividad comercial en varias comunidades autónomas.

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