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Iniciativas en defensa de la Nación

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Cuando la decisión política se torna autista y el legislador asciende muy por encima de su legitimidad, hace falta reconstruir por debajo lo que se va destruyendo por arriba. Ante el camino expedito que los planteamientos secesionistas han encontrado gracias a los malos oficios de Rodríguez Zapatero, una porción de la sociedad civil ha decidido reaccionar de la única manera que le permite este Gobierno pagado de sí mismo y ungido con el óleo —o el alioli— del Tinell: fortaleciendo la musculatura nacional extramuros del Parlamento. Al menos tres iniciativas de calado pueden mencionarse a este respecto. La primera tiene como protagonista al Foro de Ermua, que el 5 de noviembre pasado presentó en la madrileña Puerta del Sol —más tarde lo hizo también en Pamplona, y llegará a Barcelona el 4 de febrero— su «Manifiesto por la unidad de España: Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles». En su segundo punto recuerda pertinentemente que, frente a la tergiversación que implica considerar progresista la idea de unas regiones independientes, «la esencia del pensamiento reaccionario desde el siglo XIX son esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta patria a las personas y a sus libertades individuales». La segunda iniciativa, bien reciente, es el nacimiento de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, una entidad valerosa y necesaria a la que desde estas líneas saludamos y apoyamos. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: el cultivo del patriotismo y la afirmación de España como Nación; el fomento de la cohesión de la sociedad española; la movilización social en pro de la dignidad de la Nación y de su unidad inquebrantable; la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en símbolos y derechos; la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones sobre la historia, la lengua y la realidad españolas. Por último, el Partido Popular, que ya el día 3 de diciembre convocó en Madrid una concentración en defensa de la Carta Magna, ha creído legítimo dar voz a los ciudadanos, y el martes comenzó Rajoy en Cádiz la campaña de recogida de firmas para promover un referéndum en torno a la pregunta: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?». Diríase que está formulada de un modo inobjetable, pero las voces críticas ya le han buscado los tres pies. En sendos editoriales del miércoles, El Periódico de Catalunya («El PP recoge firmas») acusa a este partido de fomentar la uniformidad del Estado por hacer referencia a una única Nación —¿se ha leído el autor del texto la subordinada relativa que viene después?—, y El País («Partido Populista») considera que esta iniciativa es un intento de sustituir o presionar a las instituciones. ¿Permitir que se exprese directamente la voluntad popular sustituye algo? ¿En qué coacciona? ¿A qué motivo responden esos temores?. En realidad, esta solicitud de referéndum viene a poner al descubierto la trapacería gubernamental. Y lo saben.

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