Martes 06/12/2016. Actualizado 01:07h

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Tribuna libre

Internet, un sector estratégico

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Mientras que el buscador Google es noticia de portada porque arranca en Bolsa subiendo a 101 dólares la  acción y su valor bursátil supera los 28.000 millones de dólares (la mitad de lo que los analistas le suponen), en España se apuesta por la regresión: los Ministerios de Cultura y Justicia, en un acto típico de “agostizaje”, promocionan la criminalización de Internet.

 

Con el eslogan "Ahora la ley actúa", que no deja en buen lugar a los encargados de su aplicación hasta "ahora", ilustrado con una tenebrosa imagen de una persona delante de una pantalla, supongo que de un ordenador, se nos informa de lo siguiente: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel", a semejanza de las informaciones  que suelen aparecer en las obras cinematográficas.

 

El peso de la ley, que ahora actúa, según nos informan los Ministerios de Cultura y de Justicia, puede caer sobre cualquier buscador que posibilite el acceso a contenidos ajenos o sobre cualquier persona que tenga una página web con enlaces a contenidos ajenos, contenidos que alguien, de forma anónima, puede denunciar en un teléfono que no requiere identificación alguna y que está  siendo patrocinado con fondos públicos desde la Administración.

 

España presenta todavía un significativo retraso en la tasa de penetración de Internet en los hogares, puesto que únicamente tres de cada diez viviendas está conectada a la Red y tan solo una de ellas cuenta con acceso con banda ancha -Adsl y cable-modem-. Estos datos sitúan a España en el puesto 17 entre los 25 países componentes de la Unión Europea en hogares conectados a Internet muy por detrás de otros estados miembros como Holanda, Dinamarca y Suecia, que doblan las cifras españolas.

 

Desde los Ministerios de Justicia y Cultura, con  su patrocinio, nos proponen volver a los tiempos de las denuncias anónimas, a un nuevo gulag o a una nueva dictadura del miedo; parece que quieren comenzar la vuelta atrás y nada mejor que iniciarla criminalizando a una red mundial como es Internet, asociándola descaradamente al delito y la cárcel, formando un “totum revolutum”.

 

Con el dinero de todos los ciudadanos se estigmatiza Internet, relacionándolo de forma inapelable al delito y a la cárcel, dos de las principales causas de exclusión social, y curiosamente con el sello -y el dinero- de dos Ministerios tan significativos como son Justicia y Cultura.

 

Se pone en solfa la utilidad social y los beneficios que aporta, por ejemplo, a la juventud española que, según un estudio inédito del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en mayo del pasado año sobre la juventud española, recogido por Europa Press, navegar por la Red y utilizar el correo electrónico varias veces a la semana (44,6 y 37,7%, respectivamente) o  incluso a diario (29,6 y 33,6%) son las actividades en las que preferentemente ocupan su tiempo de conexión, mientras la mayoría confiesa que nunca o casi nunca transfiere ficheros (43,3%), ni interviene en "chats"  (45,4%) o foros de discusión (76%).

 

Más en concreto, los jóvenes dedican su tiempo de conexión a la Red a la  búsqueda de información o documentación (83,8%), descargas de archivos musicales (54%), consultas de ocio  y tiempo libre (52,8%), lecturas de noticias de actualidad (39,4%), juegos en red (30,1%), envío de mensajes a  móviles (29,2%) y descargas de archivos de vídeo o películas (28,4%).En definitiva, Internet se ha convertido en un medio estratégico y cotidiano para amplios colectivos socioprofesionales que hacen un uso honesto y beneficioso de la red y no es de extrañar que los internautas demanden al Gobierno una bajada de precios para acceder a Internet y la eliminación del canon sobre los Cd's de Dvd's, elementos que frenan el desarrollo de la Sociedad de la Información.

 

Apenas sorprendidas por el desaguisado ministerial, las comunidades internautas, conscientes del valor de Internet, han manifestado su protesta por esta campaña en multitud de sitios web, y esperan que el Ministerio de Sanidad y Consumo, algún día no muy lejano, lance una campaña de reforma legislativa que criminalice las prácticas contrarias a los derechos de los consumidores y usuarios sometidos al imperio del dictado de las operadoras, proveedores, prestadores de servicios, etcétera.

 

Y que, asimismo, el Ministerio de Industria, tal vez algún día, publique alguna resolución relevante de aplicación