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Neutralizar a RTVE

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Resulta difícil hacerse una idea de para qué fase del proceso de información y contrainformación pide amparo Luis Fernández a la Comisión Deontológica de la FAPE

Tiene un punto de extraña indefensión la apelación circunstancial del presidente de RTVE, Luis Fernández, a la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Tras el cruce de notas, publicaciones y republicaciones a las que hemos asistido este largo puente de la Constitución y La Inmaculada entre “El País” y la dirección de RTVE, resulta difícil hacerse una idea de para qué fase del proceso de información y contrainformación pide amparo Luis Fernández a la Comisión Deontológica de la FAPE y, menos aún, en qué medida puede ésta hacerse eco de una reclamación cuyo objeto específico parece haberse diluido en el plazo de 48 horas.

El martes día 4 publicaba “El País” una información según la cual RTVE había decidido cancelar los contratos con los agentes encargados de comercializar su señal internacional en América, para contratar dicho negocio comisionista con la productora Mediapro, a la que el diario calificaba de “proveedor privilegiado”. De manera inmediata, la dirección de comunicación emitía una nota rectificando algunos datos de la información de “El País” y, principalmente, aquel aspecto de la información que lógicamente más ha tenido que doler a Luis Fernández por lo que implica de juicio sobre su honorabilidad, esto es, la insinuación de que tras su llegada a la presidencia de RTVE, ha favorecido a sus antiguos colegas de Mediapro –menos colegas, de hecho, que el propio Grupo Prisa, en el que Luis Fernández ocupó puestos de responsabilidad durante un par de décadas-- convirtiéndoles en “proveedor privilegiado” del ente público.

La insinuación de trato de favor se repite en la información que publica “El País” dos días después de la primera. En este caso, se sugiere que Fernández ha contratado a un promotor amigo suyo la mayor operación inmobiliaria de la historia del ente público, “en lugar de acudir a las empresas que tiene el Estado para vender suelo o al jefe de patrimonio de RTVE”, con el agravante de haber ocultado –se insinúa que de manera intencionada-- a los consejeros de la Corporación el perfil inmobiliario de dicho promotor. Extremo éste que fue desmentido, con pruebas, desde RTVE.

Y en medio de estos dos episodios, entre los que apenas distan 48 horas de prensa en quiosco, se produce la solicitud de amparo a la Comisión Deontológica de los periodistas por parte de Luis Fernández, por considerar insuficiente la fe de errores publicada por “El País”, en la que éste ignoraba la exigencia de rectificación de RTVE respecto a la consideración de “proveedor privilegiado” de Mediapro. La nota de RTVE fue publicada en su integridad al día siguiente, pero sólo en la edición digital del diario, no en la de papel, que sí entresacaba la totalidad de su contenido en el contexto de otra información relativa al mismo tema. 

En resumidas cuentas, ha debido de ser un puente de nervios y tensión. Que la operación contra Luis Fernández es de gran calado se nota no sólo en la artillería ofensiva y defensiva empleada por unos y otros sino también en la previsible movilización de PSOE y PP, con alineamientos quizás sorprendentes, como adelanta elconfidencial.com.

¿Le queda todavía algún papel que jugar en todo esto a la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España? Depende, posiblemente, de la presión que en tal sentido quiera ejercer Luis Fernández a la hora de insistir en que es insuficiente la rectificación publicada por “El País” respecto a la condición de “proveedor privilegiado” de Mediapro. Y en este caso difícilmente puede pronunciarse la Comisión Deontológica salvo que el propio Fernández aporte pruebas concluyentes de que la relación de RTVE con Mediapro es, efectivamente, la propia entre empresas en un mercado transparente y sin tratos de favor por parte del contratista público. De manera que la pregunta inmediata, en este culebrón de intereses cruzados, participados y entremetidos, es la siguiente: ¿tendrá tiempo Luis Fernández de contrarrestar, pública e internamente, la acusación de trato de favor hacia Mediapro, en primer lugar, y hacia el promotor Pedro Pablo Mansilla, en segundo, logrando que el caso permanezca dentro del perímetro de discusión de lo que es verdad informativa y lo que no lo es y por lo tanto al alcance de la Comisión Deontológica , o se adelantarán las instancias políticas para anclar el debate fuera de dicho perímetro? Me temo que vamos a tener debate sobre RTVE –mejor dicho, contra el PSOE a propósito de RTVE, Mediapro y los derechos deportivos-- para lo que queda de legislatura.

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