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Privilegios financieros

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La apelación ahora al ICO para que saque de apuros financieros a algunas empresas inmobiliarias va directamente contra las normas de competencia más laxas.

En su inagotable capacidad inventiva, el Gobierno ha enunciado una iniciativa, o una amenaza, verdaderamente inquietante. En todo caso, el regreso a prácticas gubernativas felizmente superadas. El Gobierno quiere que el Instituto de Crédito Oficial financie a las inmobiliarias en crisis, resucitando el caduco modelo de los circuitos de financiación privilegiada.

Clausurada felizmente la banca oficial, desaparecidos el Banco de Crédito Industrial, el Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Local y otras instituciones domésticas hace muchos años, la sombra de la financiación privilegiada vuelve a tomar densidad.

En realidad, la instrumentalización del ICO nunca se ha extinguido del todo. Baste recordar el crédito con el que Felipe González premió la fidelidad de la UGT en las postrimerías de su mandato y, mucho más recientemente, la concesión de un supercrédito a una empresa envuelta en una OPA hostil en la que el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero se distinguió por su absoluta falta de neutralidad.

La apelación ahora al ICO para que saque de apuros financieros a algunas empresas inmobiliarias que, o no encuentran financiación o que se verían obligadas a pagar una prima de alto riesgo a sus prestamistas, va directamente contra las normas de competencia más laxas. El crédito oficial no puede premiar el aventurerismo de algunos inmobiliarios en apuros; el Gobierno no puede patrocinar ventajas a favor de quienes no han medido con la mínima sagacidad mercantil el alcance de sus decisiones, con frecuencia exponentes de un divismo empresarial bastante hortera.

El ICO no está para eso y, además de las instancias políticas correspondientes, ahora ensimismadas con las elecciones, la flamante Comisión Nacional de la Competencia debe de actuar de oficio ante un episodio de financiación privilegiada y, acaso, dado que algunas de estas empresas actúan en países europeos, la propia Comisaria de la Competencia debería estudiar el caso.