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Robagallinas y grandes defraudadores

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En boca del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tienen más valor sus palabras, cuando ha reconocido que la ley está pensada para los “robagallinas” y no para los grandes defraudadores.

Un artículo de...

Javier Arnal
Javier Arnal

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            En boca del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tienen más valor sus palabras, cuando ha reconocido que la ley está pensada para los “robagallinas” y no para los grandes defraudadores. A la vez, Lesmes ha reivindicado una mejora en la justicia para que haya una auténtica regeneración democrática.

            Si Lesmes pide una reforma legal y una mejora de la justicia, y sus peticiones coinciden con el sentir generalizado de los ciudadanos, la pregunta lógica es qué va a hacerse para lograr esas mejorías, en la legislación y en la administración de justicia, porque España necesita medidas para luchar contra la corrupción con mucha más eficacia y rapidez.

            No sirve de excusa lo que dicen algunos juristas de nuestro país: “la justicia, aunque tarde, siempre llega en España”. Una justicia tardía ya no es justicia, como sucede con los grandes defraudadores.

            El comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), Manuel Vázquez, ha propuesto que se pague a quien denuncie casos de corrupción. Tal es el nivel de corrupción en nuestro país que se plantea una medida de este tipo. No creo que salga adelante, por varios motivos: porque quien denunciara es altamente probable que también hubiera tenido o tenga  relaciones empresariales o políticas de dudosa legalidad o ética,  y porque es de suponer que no baste con “denunciar” sino aportar pruebas, y eso es más complicado para un particular o una institución de escaso soporte económico u organizativo.

            Basta poner algunos ejemplos. Supongamos que un alto cargo político le pide el “favor” a un empresario de que le pague un viaje a Nueva York o a Disneylandia, a él y a su familia, y casualmente ese empresario lo paga, y resulta que es adjudicatario de un plan urbanístico. Es una mera hipótesis. Pero un empresario que se siente perjudicado por esa decisión urbanística se plantea denunciar al político y al empresario.¿Qué pruebas hay de una conversación?  Si se lleva a cabo esa denuncia, ¿no será tachado por el partido de ese político, ninguneado por el empresario, y tal vez “perseguido” – con motivo fundado o por mera revancha- a partir de ese momento?

            Salen a relucir gastos escandalosos de ayuntamientos y cajas de ahorro. ¿No hay un interventores y secretarios en los ayuntamientos,  inspectores y auditores en las instituciones , para vigilar los gastos y rechazarlos en su caso? Conozco algunos de esos profesionales: sufren por gastos que no comparten, y acaban de los nervios, pero han de asumir con valentía su trabajo.  Y el mencionado caso del hipotético empresario que paga un viaje a un político hace sonreír a no pocos empresarios, que afirman que es algo habitual, al menos en ciertos lugares. Cacerías, viajes, cotos de caza institucionales – de alguna Caja de Ahorros- para empresarios y políticos son parte de un largo etcétera.

            El fango es pestilente, más extenso de lo que parece. La UDEF lo admite, y pide ayuda. El presidente del Tribunal Supremo pide cambios legales.  Ojalá tengamos la ética y  valentía personal de no ser parte de la cadena corrupta, y cada uno asumamos nuestra tarea.

            Al comentar la corrupción existente en España, me decía una persona que hay remedios legales, y que basta ver ciertas obligaciones – como llevar casco cuando se circula en moto-, con las consiguientes sanciones, para que sea algo que se hace con total normalidad. Pues hacen falta medidas urgentes para luchar contra la corrupción, no es una utopía, aunque entre los españoles cunde un notable desánimo.

“Somos
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