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Tribuna libre

De aborto, obispos y políticos

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Las palabras del Obispo Martínez Camino han tenido por tanto la virtualidad de la claridad y de no andarse con medias tintas.

Como era previsible, las palabras del portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, recordando las penas canónicas que recaerían en aquellos diputados que considerándose y siendo católicos defiendan, propaguen o voten a favor de la nueva Ley del aborto presentada por el Gobierno de Zapatero ha provocado una polémica que tampoco ha aportado nuevas novedades, ya que los que han criticado este recordatorio del portavoz episcopal han vuelto a caer en los tópicos de siempre.

         Se supone que de un Obispo de la Iglesia Católica y con mayor motivo cuando se es portavoz de la Conferencia Episcopal se espera que al ser preguntado –como así sucedió el pasado miércoles en Madrid en el transcurso de un desayuno informativo organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU- sobre cuales serían las consecuencias que diputados, fuesen del partido que fuesen, que se consideran católicos votasen a favor de la reforma de la ley del aborto, no conteste edulcorando un comportamiento que claramente entra en colisión con lo que ha sido desde siempre la postura de la Iglesia Católica en torno al aborto.

         Eso es lo que hizo, ni más ni menos, Martínez Camino. Otra cosa es que dado el gran relativismo moral en el que vivimos, donde lo que algunos pretenden es que, como mucho, haya una moral subjetiva pero poco mas, las palabras y la enumeración de las penas canónicas hechas por el portavoz episcopal pudieran parecer durar y retumbaran en algunas conciencias. Sobre todo en las de aquellos políticos que siendo católicos y miembros de la Iglesia, efectivamente van a tener que enfrentarse dentro de muy pocas semanas a un grave dilema: o seguir lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión del aborto o seguir la disciplina de su partido. Pero ese, en todo caso, es un problema personal de cada diputado que se encuentre en esa situación, nunca de un Obispo que recuerde, por muy duro que suene, que votar la ley del aborto supone para quien lo haga “estar en una situación objetiva de pecado y no puede ser admitido en la sagrada comunión”.

         La coherencia en la conducta es exigible a todas las personas, también a los políticos. En política se puede estar de muchas maneras: para medrar, para enriquecerse, para sobrevivir, pero también se puede se debe estar para servir a los ciudadanos, para perseguir el bien común de la sociedad. No hace falta ser católico para formar parte de este segundo grupo, pero sin ningún género de duda, el católico que está en política, si quiere ser coherente con su fe, sólo puede estar en ese segundo grupo. Y el aborto ni es progreso, ni supone un avance social, ni contribuye al bien común. Todo lo contrario.

         Las palabras del Obispo Martínez Camino han tenido por tanto la virtualidad de la claridad y de no andarse con medias tintas. Porque cuando en España se llevaron a cabo 115.000 abortos el pasado año, siendo el País de Europa donde mas ha crecido; cuando de esa cifra, 15.000 abortos fueron practicados a chicas de entre 16 y 22 años; cuando la nueva ley de Zapatero supone en la práctica el aborto libre en España con el agravante de que las chicas de 16 años no necesiten el consentimiento paterno para abortar; cuando la ciencia ha demostrado que hay vida desde el mismo momento de la concepción y que por lo tanto con el aborto lo que se está cometiendo, lisa y llanamente, es un crimen, lo que no se puede es andar enmascarando una situación que degrada profundamente a la sociedad que lo permite.

         Los políticos que se han sentido aludidos directamente por las declaraciones de portavoz episcopal será por algo. Es entendible que a la actual dirección del PNV, partido de larga tradición asentada en el humanismo cristiano, y que ha anunciado que votará a favor de la nueva ley del aborto, haya sentado muy mal las palabras de Martínez Camino, porque una parte importante de sus bases y de sus votantes no entienden esta posición.

 Como tampoco habrá gustado nada al Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que siempre que puede presume de su condición de católico practicante y se mueve como pez en el agua en medio de las mitras, y ahora quiere salir del lance a través de un infumable artículo en El País en el que su máximo argumento es que Benedicto XVI recibió en audiencia a un  pro-abortista como Barack Obama. El que no se consuela es porque no quiere y además, como bien sabe Bono, que para eso es de Toledo, no se puede estar repicando y en la procesión. Caso aparte es el de la ministra Bibiana Aido que en un alarde de ingenio y de de agudeza intelectual ha dicho que “en España no se legisla desde los púlpitos”. Uno de los graves problemas que tiene España es que personas con tal alto nivel de incompetencia como la citada ministra puedan llegar a sentarse en el Consejo de Ministros. Y, desgraciadamente, no es el único caso.

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