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Tribuna libre

El estatuto del ministerio fiscal en el espacio judicial europeo

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De nuevo se impulsa desde Bruselas la creación de una fiscalía europea contra el fraude.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Este organismo especializado –aparte de los abogados generales que cumplen en el Tribunal de Luxemburgo una función semejante a la del ministerio público en los Estados- tendría como objetivo específico la persecución de los fraudes cometidos en la aplicación del presupuesto comunitario, cientos de millones de euros por año.

Gracias a la cooperación reforzada, establecida por el tratado de Lisboa, el Consejo podría nombrar un fiscal general europeo a propuesta de la Comisión. Coordinaría en líneas generales a los responsables de las investigaciones, que serían fiscales delegados, al menos, uno por país.

La necesidad de promover las buenas prácticas económicas y financieras en el ámbito de la UE tendrá que seguir otros derroteros, más aún en estos momentos, en que se ha acentuado la sensibilidad contra las limitaciones a la soberanía estatal. De otra parte, son notables las diferencias entre los diversos ordenamientos, sobre todo desde el punto de vista de la necesaria independencia del ministerio fiscal (no sólo del poder judicial).

En el ámbito jurídico “continental” suele prevalecer, como en España, el principio de jerarquía, bien distinto de la autonomía casi absoluta del juez instructor. No han faltado intentos, con diversos gobiernos, de trasladar la instrucción a los fiscales. Actualmente, y aunque ha aumentado considerablemente –tal como refleja la opinión pública- su actuación incriminatoria en las causas penales, sólo está establecida en la justicia de menores. Aquí sí está justificada la solución, por el carácter tuitivo de esos procesos: el ordenamiento considera favorable para el interés del menor esa intervención del ministerio público, requerida también en asuntos concretos que afectan al derecho de familia.

En recientes declaraciones a la prensa, el actual ministro de justicia, Rafael Catalá, se muestra partidario de esa reforma. Debe de ser línea gubernamental porque –a diferencia de su discrepancia en otros puntos, que provocaron su dimisión- también lo planteó en su día Alberto Ruiz-Gallardón. Pero, a mi entender, no es posible sin una reforma constitucional, que no parece próxima, a tenor de las declaraciones de Mariano Rajoy.

Los sucesivos gobiernos de este país, al margen de su orientación, han mostrado cierta tendencia a “intervenir” en la administración de justicia, aunque le regateasen recursos humanos y económicos dilapidados en otros sectores. No es específico de España: hasta ahora, que yo sepa, el Tribunal de derechos humanos del Consejo de Europa sólo ha reprochado a Francia la falta de independencia del “parquet”. No está nada claro que la subsiguiente norma haya sido satisfactoria. Y François Hollande tuvo que retirar del parlamento la reforma Taubira –apellido de su ministra de justicia, pronto dimitida  a falta de mayoría suficiente.

La oficina europea de lucha contra el fraude estima actualmente en tres mil millones de euros al año los fraudes al presupuesto de la UE. Además, las Haciendas estatales perderían más de cincuenta mil millones por los fraudes en el IVA. Y el 60% de sus recomendaciones de investigación o enjuiciamiento no tienen el menor eco en los países afectados.

La creación de ese fiscal europeo está prevista en los Tratados comunitarios vigentes. La iniciativa de la Comisión Europea, respaldada por el Parlamento, cuenta con el decidido apoyo franco-alemán, pero no avanza el posible acuerdo. De hecho, el parlamento holandés ha rechazado ya formalmente la figura.

De otra parte, las fórmulas elaboradas para sortear ese rechazo, desdibujan la institución. La necesaria participación de fiscales de cada Estado miembro –aparte de criterios de orden constitucional- aumentaría la complejidad, la burocracia y el gasto, con el riesgo de poca eficacia. Y no aparta de raíz la cuestión de la independencia. Ciertamente, como en España, el principio jerárquico puede ser compatible de hecho con la imparcialidad de las personas. Pero parece preferible un sistema que la facilite todo lo posible. En cualquier caso, el espacio europeo judicial no será efectivo mientras no incluya de veras los asuntos penales.

“Somos
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