Miércoles 07/12/2016. Actualizado 09:19h

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Tribuna libre

Nos merecemos otras estrategias políticas

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Todos los ciudadanos, de Cataluña y del resto de España, deberíamos realizar el esfuerzo de leer íntegro el texto de Estatuto catalán que acaba de entrar a debate en la Comisión Constitucional del Congreso. Una Constitución —y el Estatuto catalán, desde la perspectiva de un profano, lo es o se le parece mucho– debe ser entendida, asumida, compartida y vivida de manera unísona por el conjunto de la ciudadanía, en la medida en que afecta a nuestra convivencia diaria y a nuestros derechos personales, sociales y políticos. De ahí que su discusión no pueda dejarse únicamente en manos de los expertos, de los juristas, de los padres de la patria o de los políticos. La página web de “El País” ofrece no sólo la versión completa del texto pactado por Zapatero y Artur Mas, sino también una comparación entre esta nueva versión y el texto original emanado del Parlamento de Cataluña. En el original aprobado por el Parlamento de Cataluña, se define a Cataluña como nación (Art.1,1) y se indica que “Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto” (Art.1,2). Es decir, en la versión original se utiliza el tiempo presente a la hora de referirse al autogobierno, como algo alcanzado y regulado en el contexto del propio Estatuto y de la Constitución española. En el nuevo texto pactado por el Gobierno con CiU, se dice que Cataluña, “como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma”. El tiempo presente de la versión original desaparece y ya no se reconoce que Cataluña ejerce su autogobierno en un marco institucional y jurídico determinado, sino que se confiere a dicho Estatuto un sentido finalista, como vehículo para acceder al autogobierno aún no conseguido. En definitiva, el Estatuto pactado entre el Gobierno y CiU no se plantea como solución o punto de llegada, sino como territorio a transitar, como recorrido hacia un objetivo que se externaliza, que se saca fuera del texto pactado. Si leemos el resto del texto a la luz de esta interpretación finalista, se puede apreciar que el Estatuto está plagado de áreas susceptibles de generar conflictos competenciales, como si se hubiera querido salpicar el texto de cuadriláteros diseñados para el enfrentamiento futuro. Los conflictos vendrán por el área de la educación y la cultura, por el de las infraestructuras y por el de la protección de derechos fundamentales, por el de la Justicia y el de la financiación... Nos esperan años de crispación continua, de tensión políticamente articulada. Años de pequeñas o grandes batallas planificadas, una tras otra, con el objetivo de alcanzar lo que no se ha querido plantear de una vez por todas. Y lo peor de todo este proceso es que obedece a diseños que los ciudadanos no respaldamos y tampoco merecemos. No merecemos que se nos someta a estrategias calculadas para generar tensión continua.