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Por una política europea sobre inmigración

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Bruselas parece decidida a reforzar el programa Frontex, ampliando los medios para el control de las fronteras.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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            La Unión Europea cuenta con una nueva responsable de la diplomacia común, la ministra italiana de asuntos exteriores, Federica Mogherini. Pero, aparte de críticas obvias sobre su falta de experiencia, no será fácil que adopte posturas unitarias, como se viene comprobando ante las sucesivas crisis internacionales de los últimos años, pues se entrecruzan intereses nacionales de muy distinto signo.

            Algo semejante sucede con los problemas derivados de la presión migratoria sobre las fronteras del sur. Basta pensar en que, en este 2014, han entrado ya en Italia más de cien mil emigrantes ilegales: la cifra supera con creces lo sucedido en Melilla o en las islas Canarias. Y no parece que la mera política de control de fronteras –la llamada agencia Frontex, creada en  2004‑ pueda valorarse positivamente, menos aún si no se olvida el dramático coste de vidas humanas en el Mediterráneo.

            Bruselas parece decidida a reforzar el programa Frontex, ampliando los medios para el control de las fronteras. Así lo prometió la responsable de interior, Cecilia Malmström, a su colega italiano Angelino Alfano. En el mes de noviembre se pondrá en marcha la operación "Frontex Plus". Pero la medida es criticada en diversos foros, porque se pone demasiada confianza en la destrucción de pateras y barcazas, como si los propios contrabandistas no las hundieran después de cada travesía.

            Es lógico también –aun insuficiente‑ que España aumente la seguridad en Ceuta y Melilla, así como en Algeciras y en el campo de Gibraltar. A la vez importa mucho que el reino de Marruecos cumpla su promesa de corregir las “disfuncionalidades” observadas recientemente. Pero, ciertamente, las condiciones climáticas de esta época del año juegan a favor de las mafias.

            Porque la raíz de muchos problemas sigue estando en esas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos, especialmente en el Magreb y en Libia, de ordinario vinculadas a grupos islamistas radicales. El actual caos político y social de Libia impide en la práctica medidas como las adoptadas por el reino de Marruecos, que están teniendo beneficiosa influencia para España, aunque sea imposible erradicar un fenómeno social de honda base humana, consecuencia de los éxodos por razón de las guerras civiles o, simplemente, la esperanza de mejores condiciones de vida.

            Por otra parte, a varios gobiernos africanos les interesa mucho la emigración: las remesas periódicas de sus nacionales constituyen una fuente importante de divisas, además de aliviar la situación de tantas familias depauperadas. Se calcula que esas remesas alcanzaron 32.000 millones de dólares en 2013.

            No obstante, algunos países, como Etiopía, Níger o Mali, han tomados medidas restrictivas sobre viajes al extranjero, ante el número elevado de víctimas. La mayor parte deriva de las condiciones infrahumanas en los campamentos gestionados por las mafias en zonas desérticas, camino del Mediterráneo.

            La Unión Europea y los gobiernos deben seguir fomentando políticas de cooperación con los países africanos de donde proviene la mayoría de la emigración clandestina. Lógicamente, la búsqueda de soluciones conjuntas se hace casi imposible allí donde prevalece la conflictividad  social y las contiendas armadas.

            En los foros euro-africanos, los países del sur han abogado habitualmente por la apertura de fronteras. Al contrario, los representantes del norte se aferran a la regulación de las migraciones en función de las necesidades de mano de obra, aun sin llegar a la llamada “carta-azul”: fomentaría una inmigración altamente cualificada, en detrimento de los países de origen. Los africanos insisten en que esa es una de las causas de la persistencia de la clandestinidad.

            El nuevo Parlamento europeo tendría que dedicar más espacio al estudio de estas cuestiones, de acuerdo también con los principios recogidos en la carta de derechos sociales. Se trataría de avanzar en los criterios establecidos al comienzo de la anterior legislatura: el reconocimiento de la necesidad de mano de obra extranjera en la mayor parte de los Estados miembros ‑por el progresivo envejecimiento de la población‑ no excluye velar por el imperio de la ley, frente a la clandestinidad.

            Esta tarea resulta más oportuna aún para frenar en lo posible las tendencias xenófobas que se consolidan también como manifestación del miedo a la inseguridad y la pérdida de las identidades nacionales. Pero no está de más recordar la insuficiente de las simples medidas de control de fronteras y migraciones, facilitado hoy por el avance de la técnica.

“Somos
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