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Tribuna libre

Cuando la prensa se ve obligada a rectificar

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Los medios británicos y El País podrían haberse ahorrado las sentencias que les han obligado a rectificar a la fuerza y han perjudicado a la credibilidad

Toda la prensa nacional e internacional se ha hecho eco, hace unas semanas, de la rectificación realizada por los diarios británicos Daily Star y Daily Express en relación con informaciones en las que se hacía al matrimonio McCann directa o indirectamente culpable de la desaparición de su hija Madeleine. La rectificación de ambos diarios, sin precedentes en el Reino Unido por la amplitud y preferencia del espacio dedicado --portada y grandes titulares pidiendo perdón a los McCann— y por la cuantía de las sanciones económicas impuestas por los tribunales, ha causado impacto en los medios británicos.

Sólo dos días después, el diario El País se veía obligado a publicar, también en portada y también por mandato judicial, una rectificación relativa a informaciones sobre La Sexta y Mediapro. Es cierto que el contenido de ambas rectificaciones puede parecer de diferente calado. Tendemos a percibir, con razón, que la violación de derechos personales fundamentales, realizada además con el encarnizamiento malicioso con el que se han ensañado algunos medios al informar sobre la desaparición de Madeleine, es en algún grado peor que la publicación de hechos no probados relativos a actuaciones empresariales concretas.

Pero si dejamos al margen el contenido y nos centramos en los procedimientos, comprobamos que el principio vulnerado tanto por los diarios británicos como por el español es el mismo. Bill Kovach y Tom Rosentiel, autores de una obra titulada los elementos del periodismo –publicada en España por Ediciones El País, casualidad, paradoja o ambas a la vez--, clásica ya en las facultades y escuelas de periodismo a pesar de que sólo han pasado cinco años desde la primera edición, señalan que si el principio primero y fundamental de la profesión de periodista es la búsqueda de la verdad, la esencia de la actividad periodística debe consistir en la disciplina de la verificación. Una verificación que se entiende, principalmente, como actitud moral e intelectual de adhesión a la realidad y que exige, además, un ejercicio permanente de humildad y de independencia. Falla el principio de verificación cuando se eleva el rumor a la categoría de noticia y también cuando se da como buena una fuente interna interesada.

Las dos rectificaciones, la de los medios británicos y la del diario español, coinciden además no sólo en el tiempo, sino también en lo forzado de su publicación. En ambos casos han tenido que intervenir los tribunales para proteger el derecho al honor y a la propia imagen de los sujetos afectados por las informaciones. En el Reino Unido existe la Press Complaints Commission, veterana institución encargada de velar por las buenas prácticas profesionales de periodistas y medios de comunicación y cuyos dictámenes llevan aparejada, normalmente, la obligación de su publicación en los medios cuya conducta profesional haya sido objeto de informe negativo. En nuestro país, con menor tradición, está la Comisión de Quejas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que también emite informes en relación con quejas recibidas de particulares o instituciones afectadas por informaciones de los medios de comunicación. Pero en un país y en otro, los sujetos afectados no han esperado a quejarse ante las instancias deontológicas, sino que han acudido directamente a la Justicia, buscando en ésta el amparo y la reparación que no esperaban encontrar en los organismos de autorregulación. Se lamentaba el presidente de los periodistas madrileños, Fernando González Urbaneja, en el informe presentado ante la Asamblea de la Asociación de la Prensa de Madrid hace unos días, del escaso apoyo que recibe la Comisión de Quejas de la FAPE por parte de los editores y de los medios. La autorregulación no resuelve problemas, es cierto, pero sí permite identificar las buenas prácticas profesionales. Los medios británicos y español podrían haberse ahorrado las sentencias que les han obligado a rectificar a la fuerza pero lo que han logrado es perjudicar de manera directa al principal intangible sobre el que se sostiene este negocio: la credibilidad.