Ada Colau echa mano de un centenar de parados para limpiar Barcelona de placas franquistas
Un grupo de desempleados ha finalizado un censo en varios distritos de la ciudad y ahora los propietarios de los edificios disponen de un año para retirarlas
Barcelona retirará en un plazo de un año todas las placas de vivienda franquistas que conserva en los edificios construidos durante la dictadura. Los parados de algunos distritos se han organizado para elaborar censos en sus barrios. Los propietarios de los edificios disponen ahora de un año para eliminarlas y evitar multas de hasta 9.000 euros.
Los primeros distritos que han comenzado a retirar las placas son los de Nou Barris y Gràcia, que en los últimos meses han elaborado un censo para conocer el total de placas de vivienda que quedaban de la dictadura.
Encargo a asociaciones de parados
Un grupo de personas sin trabajo de la Asamblea de Paradas y Desempleados de Nou Barris elaboró, por encargo del distrito, un mapeo exhaustivo de las placas franquistas instaladas en las fachadas de los edificios.
Dicho equipo visitó 732 direcciones donde inicialmente el Ayuntamiento tenía inventariadas las placas, algunas de ellas ya desaparecidas y otras que no habían sido detectadas. Una vez inventariadas y documentadas, dirigió una carta a las comunidades de propietarios de los edificios donde se les indicaba que debían retirarlas.
Mientras, el distrito de Gracia hizo también el encargo de revisar el inventario a las personas que formaban parte de los Planes de Empleo del consistorio, con el mismo objetivo de actualizar el censo que se elaboró en 2007. El trabajo de campo en Gràcia se llevó a cabo durante dos meses y se localizaron 166 placas (en 2007 había 395).
Este proceso se produce coincidiendo con la nueva normativa aprobada por la Generalitat que obliga a los propietarios de los edificios a retirar en 12 meses todos los símbolos franquistas de los antiguos bloques de viviendas oficiales.
Se trata de los rótulos metálicos con el yugo y las flechas que el Ministerio de Vivienda franquista colocaba como acabado en los portales de los edificios que construía. Según el censo del Memorial Democrático, las fachadas catalanas aún conservan 3398 rótulos de la época de la dictadura distribuidos entre 185 municipios sin contar Barcelona.
La medida -aprobada esta semana con el voto de Junts Pel Sí, la CUP y Cataluña Sí se Puede, la abstención de Ciudadanos y el PP y la oposición del PSC, es una de las que incorpora la ley de acompañamiento del presupuesto de 2017 como modificación de la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda. La novedad del texto es que pone plazo a una obligación que ya introduce la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Congreso de los Diputados.
El régimen de sanciones
Según la normativa, “no retirar las placas colocadas en viviendas que han dejado de tener la calificación de viviendas de protección oficial” será considerado una infracción de carácter leve.
Es decir, que “los propietarios y las comunidades de propietarios”, recoge el texto, no las descuelguen “en el plazo de un año” constituye una infracción leve. Un falta que, según el artículo 118, puede ser sancionada con una multa de hasta 9.000 euros.
El cumplimiento de estas disposiciones, contempla la norma, corresponde a la Generalitat y a las administraciones locales. Pasados los 12 meses, pues, serán estos entes los que tramiten los procedimientos para incumplimientos e impongan las sanciones correspondientes.
