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Política

El director del CNI, Alberto Saiz, reconoce en una carta personal la necesidad de que la institución abandone el “secretismo”

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El pasado 6 de mayo se cumplía el cuarto aniversario de la aprobación de las nuevas leyes que configuran el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Por este motivo, el director de este organismo decidió escribir una interesante misiva.

Los cuatro años transcurridos desde que el Parlamento español aprobara la Ley Orgánica 2/2002 reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, han sido años caracterizados por importantes sucesos de la actualidad internacional, que han marcado un rumbo en los servicios de inteligencia.    Así lo explica en la carta a la que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el secretario de Estado director de “La Casa”, Alberto Saiz. El texto recoge sus impresiones sobre el nuevo estatus jurídico de la institución con el que según sus palabras “se ha dado respuesta a una antigua demanda del servicio de inteligencia español, la de contar con una normativa con rango de Ley en la que se recoja de una forma unitaria y sistemática la naturaleza, objetivos, principios, funciones, aspectos sustanciales de su organización y régimen jurídico administrativo, así como los controles parlamentario y judicial, constituyendo éstos la esencia de su funcionamiento eficaz y transparente”.   Saiz señala los atentados del 11 de septiembre en EEUU como el acontecimiento que marca el inicio de una etapa clave para los servicios de inteligencia de todo el mundo y que, en el caso español –explica-, hizo patente la necesidad de constituir una comunidad de inteligencia en nuestro país. Ese anhelo, señala, que se ha visto plasmado en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia como órgano encargado de “velar por una coordinación adecuada de todos los servicios de información e inteligencia el Estado”.   El director del CNI se felicita, además, de los límites legales impuestos al servicio a través de la Ley Orgánica del control judicial previo de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia y que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se habla de la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Saiz no las considera un estorbo sino algo loable.   En lo que respecta al mutismo oficial sobre las actividades del Centro, su director realiza en la citada carta una declaración sorprendente cuando ve necesaria la creación de “una cultura de inteligencia, a través de la cual la sociedad conozca el funcionamiento y la importancia de la labor que desarrollan los servicios de inteligencia”. Estas palabras contrastan con el habitual “secretismo” que envuelve a la institución y la Ley de Secretos Oficiales que impide a los medios de comunicación informar sobre las actividades del CNI.