Evitó citar al rey y a la Constitución

Carles Puigdemont no será cesado ni castigado por su irregular ‘juramento’ del cargo

Informes del Gobierno concluyen que el nombramiento se consolida con la publicación en el BOE y la toma de posesión en la Generalitat es un “mero acto protocolario”

Artur Mas y Carles Puigdemont conversan en el Parlament.
Artur Mas y Carles Puigdemont conversan en el Parlament.

Carles Puigdemont ignoró al rey y la Constitución en su toma de posesión en el Palau de la Generalitat. Se convirtió así en el primer presidente catalán que no jura o promete fidelidad a las altas instancias del Estado. Pero el Gobierno da por hecho ya, tras una primera consulta a los servicios jurídicos, que no podrá impugnar su nombramiento.


La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, evitó también la habitual alusión a la Carta Magna y al monarca en la fórmula de juramento, y Puigdemont respondió prometiendo el cargo “por la voluntad del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament”.

La Abogacía del Estado informó poco después que estaba estudiando el caso para determinar si la inhabitual fórmula empleada por Puigdemont merece algún tipo de reproche legal y puede ser impugnada.

Por la mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de que el Gobierno estaría vigilante, porque “en ningún caso” Puigdemont estaba legitimado para introducir elementos que desvirtuaran el juramento sobre el cumplimiento de sus obligaciones y de la Constitución.

Puigdemont no podrá ser cesado ni castigado

La fórmula choca efectivamente con lo que establece el Real Decreto 707/1979, que regula el juramento en cargos y funciones públicas. Esta norma subraya que la promesa debe “cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Sin embargo, fuentes del Gobierno consultadas por El Confidencial Digital confirman, después de analizar sus palabras, la legislación y la jurisprudencia existente, que Puigdemont no podrá ser cesado ni castigado.

“No se puede ir contra él mientras no realice un acto ejecutivo, es decir, hasta que firme una orden por escrito que, sobre el papel, contravenga la legalidad”, explican. “Lo que hace ahora el Gobierno a través de la Abogacía del Estado es simplemente una escenificación para que se vea que se da una respuesta al desafío”, admiten.

No se trata más que de un “acto protocolario”

Los informes que ha recibido el Gobierno sobre esta cuestión desaconsejan proceder contra el nuevo presidente de la Generalitat. Aclaran que “la ceremonia de toma de posesión no está regulada por ninguna norma ni por ninguna ley”.

Se concibe como “un mero acto protocolario”. Lo que otorga validez al nombramiento de un presidente es la elección por el Parlamento, la ratificación del rey y la publicación al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. Nada más.

Sostienen además que, pese al desplante, Carles Puigdemont sí ha prometido respetar la Constitución, incluso por escrito, como cuando hace pocas semanas asumió el acta de diputado.

 

Sin sanción tampoco para Carmen Forcadell

Hay que recordar que la Abogacía del Estado ya inició un trámite de investigación a finales de octubre, cuando Carme Forcadell prometió su cargo como presidenta del Parlament y proclamó constituir un Parlamento soberano, “que quiere representar a un pueblo libre”.

Forcadell finalizó su intervención, además, con un “Viva la república catalana”. Esta investigación también se ha cerrado sin que se le pueda imponer sanción alguna, según confirman a ECD fuentes próximas a la Abogacía del Estado.

Las “fórmulas exóticas” de los lehendakaris

Este asunto viene de lejos. El Gobierno recuerda el largo historial de renuncias a la fórmula que establece el decreto en casos similares. Nunca han tenido consecuencias.

Se cita, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional amparó en 1990 a los diputados de Herri Batasuna que huyeron de ese formalismo al tomar posesión en el Congreso.

Hay que recordar, además, las “fórmulas exóticas” utilizadas por varios lehendakaris. Iñigo Urkullu juró su cargo “humildemente ante Dios y la sociedad, en pie sobre la tierra vasca, y bajo el roble de Gernika, con el recuerdo a nuestros antepasados” y ante “los representantes del pueblo, cumplir fielmente su mandato. Lo juro sobre el Estatuto y el Fuero Viejo de Bizkaia”.

Urkullu se apoyó en el Estatuto de Gernika y el Fuero de Bizkaia, en lugar de sobre la Biblia, como hicieron los predecesores de su partido.

La fórmula del juramento que utilizan la mayoría de los presidentes de Euskadi es similar a la que usó el primer jefe del Consejo General Vasco en 1936, José Antonio Aguirre (PNV), aunque con alguna variación.

Las palabras exactas que formuló Aguirre fueron: “Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Gernika, juro desempeñar fielmente mi mandato”.

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