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Política

El Defensor del Pueblo de Andalucía constata “defectos formales” en procesos de selección del Servicio de Empleo de la Junta

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En un escrito dirigido al Servicio Andaluz de Empleo, el Defensor del Pueblo de esta Comunidad acaba de recordarle a la Junta de Andalucía la normativa que rige los procedimientos de selección de candidatos para cargos públicos. En este caso, para personal administrativo en Córdoba.

Según un documento al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el Defensor ha dado orden a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Córdoba para que “proceda a acomodar los procesos selectivos y sus bases de convocatorias a lo dispuesto en la Orden reguladora de los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo”.   El SAE realiza este duro alegato tras haber detectado presuntas irregularidades en los procesos de selección del personal de apoyo administrativo en el Taller de Empleo “Villarubia”, promovido por el Ayuntamiento de Córdoba, y en el Taller de Empleo Residencia Jesús Nazareno de Montoro de la misma ciudad.   En el texto enviado, el Defensor advierte que para los procesos de selección de este tipo debe formarse una Comisión Mixta formadas por un Presidente y tres vocales, uno en representación del SAE y otro en representación del Taller. En los informes del SAE, sin embargo, “no consta Acta alguna” sobre la constitución de esta Comisión.   El Defensor de los andaluces también destaca que se deben determinar los procedimientos a seguir y los perfiles profesionales de los candidatos a la hora de adjudicar las plazas y que la Comisión no reflejó en ninguna Acta. Tampoco constan las puntuaciones de los candidatos ni las formas a seguir para actuar en el caso de que se produzcan vacantes, aunque no es el caso.   Además, sobre la publicación de los resultados finales del proceso de selección de los Talleres se recuerda que “debieron publicarse en la página web del SAE y en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo” –en las respectivas direcciones provinciales de Córdoba y Montoro- según la normativa vigente.   Finalmente, el informe del Defensor destaca cómo, según uno de los denunciantes de las irregularidades, se podría haber cometido alguna anomalía por “falsedad en documento público”. El Defensor no se pronuncia al respecto sino que se limita a decir: “el asunto excede de nuestro ámbito competencial”.