Estrategia del Gobierno para Cataluña: perfil bajo y aplicar el 155 de la Constitución

Según explican a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales y dirigentes del PP, el Ejecutivo va a poner “máxima precaución” en la respuesta ante la convocatoria de referéndum anunciada por Mas. La consigna es “ser muy cuidadosos con las reacciones a llevar a cabo, distinguiendo las declaraciones políticas con lo que se va a hacer en el ámbito jurídico”.

No habrá referéndum

En ese sentido, el único mensaje que se va a transmitir por parte del Gobierno, tanto de forma pública como a la Generalitat, es que “lo que plantea Cataluña es inconstitucional y no se puede realizar”.

Así se pronunciaron ayer, después de la rueda de prensa ofrecida por Artur Mas, representantes del Ejecutivo y del PP. Alfonso Alonso, Jesús Posada y Alberto Ruiz-Gallardón coincidieron en señalar que el Gobierno “garantiza la no celebración de la consulta”, al ser “ilegal” y, por tanto, “imposible de llevarse a cabo”.

El propio Mariano Rajoy aprovechó una rueda de prensa en La Moncloa para recordar que “ningún gobierno autonómico puede privar a los españoles de lo que la Constitución y las leyes les garantizan. Por eso, puedo garantizar que la consulta no se celebrará”.

Emisarios de La Moncloa se reúnen con el PP catalán

Las fuentes del Gobierno consultadas por ECD explican que el Ejecutivo se mantendrá a la expectativa, dejando pasar tiempo, a la espera de los movimientos que realice Artur Mas, y sin más reacciones y discursos de los ya ofrecidos: “No hay que tensar las cosas. Se ha dejado clara la postura del Ejecutivo, y ahora es la Generalitat la que tiene que decidir”.

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Para que la estrategia sea unitaria, tanto por parte del Ejecutivo como del PP, hoy está previsto que viajen a Barcelona emisarios de La Moncloa para participar en el Comité de Dirección del partido en Cataluña, convocado tras el anuncio de Mas.

Las fuentes consultadas apuntan que, al está convocado Consejo de Ministros, “lo más probable es que no viaje ningún ministro, pero sí gente como Jorge Moragas o José Luis Ayllón”. No obstante, la postura del Gobierno ya la conoce Alicia Sánchez-Camacho, que ha mantenido conversaciones con el presidente desde el pasado lunes.

Desde el Gobierno afirman que “se sabe” lo que se tiene que hacer, y eso se transmitirá a todos los niveles de partido: “Hemos descartado de forma tajante la celebración del referéndum. Ahora hay que esperar a ver qué pasos da Cataluña, para obrar en consecuencia”.

El TC prohibirá la consulta

A pesar de que Artur Mas ha anunciado la celebración de su referéndum independentista el próximo 9 de noviembre, la consulta aún no es “oficial”, al no haberlo publicado la Generalitat en el Boletín Oficial de la Comunidad. Una vez que esa comunicación se produzca, el Gobierno presentará recurso ante el Tribunal Constitucional.

Según las fuentes del Gobierno, el TC, que también puede actuar de oficio, declarará inconstitucional la consulta, por vulnerar, entre otros, el artículo 1 de la Carta Magna, en sus apartados 2 y 3, referidos a la “soberanía nacional de todo el pueblo español”, y “la indisoluble unión” de la Nación.

Una vez declarada inconstitucional la consulta, quedará prohibida y no se podrá realizar, tal y como declararon ayer representantes del Gobierno y del PP.

Se aplicará el artículo 155 si la Generalitat la convoca

Tal y como se adelantó en estas páginas, si la Generalitat hace caso omiso a la prohibición del Tribunal  Constitucional y optar por convocar el referéndum, el Gobierno obrará en consecuencia y aplicará el artículo 155 de la Constitución.

El artículo establece que, si una Comunidad Autónoma incumple las obligaciones constitucionales, o actúa de forma que “atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno puede intervenir directamente la autonomía.

Las fuentes consultadas explican que el Ejecutivo no se plantea suspender de forma total la autonomía de Cataluña, aunque sí se apoyará en el artículo 155 para arrebatar a la Generalitat algunas competencias propias de las que ahora goza. Entre ellas están las relativas a Seguridad (control de los Mossos d' Esquadra) y Educación (programas lectivos, enseñanza del catalán...).

Con la aplicación de dicho artículo, el Gobierno quiere transmitir a la comunidad internacional que “España es un estado de derecho, y aquí las leyes se cumplen”.