Eurodiputados catalanes denuncian en Bruselas los ataques fascistas y piden a la Comisión Europea que presione a España para que ilegalice los partidos de extrema derecha

El asalto a la delegación de Cataluña en Madrid por parte de un grupo de violentos con banderas de Falange Española y Alianza Nacional durante la Diada será analizado por la Comisión Europea. Eurodiputados catalanes han denunciado el caso y piden a Bruselas que presione a España para que ilegalice los partidos de extrema derecha.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los parlamentarios catalanes Ramón Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV), María Badia y Raimon Obiols (PSC), presentaron el pasado viernes una pregunta a la Comisión Europea denunciando ataques fascistas a los políticos de Cataluña, y solicitando la intervención del organismo comunitario para evitar nuevas agresiones.

Al escrito se sumaron también los eurodiputados de PNV Iñaki Irazabalbeitia e Izaskun Bilbao; y Willy Meller de Izquierda Unida.

En la misiva, se habla de “hechos muy graves” y de la pervivencia en España de grupos de “carácter anti-democrático y nostálgicos del franquismo”. Citan los nombres de Democracia Nacional y de Falange Española y de las JONS.

Piden ilegalizar los partidos de extrema derecha

Además de denunciar los ataques fascistas sufridos por los políticos catalanes, los eurodiputados firmantes de la carta piden a la Comisión Europea que actúe y “obligue a España a cumplir las normas europeas” sobre la persecución penal a toda incitación al odio contra otros grupos humanos así como la exaltación de regímenes autoritarios como lo fue el franquismo.

Además, pide que la Comisión Europea exija al Gobierno de Rajoy que estudie la legalidad de partidos falangistas y de extrema derecha, ya que su presentación en próximos comicios “representaría un caso claro de incumplimiento de la norma europea”.

Los eurodiputados recuerdan que la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, avisó a España de que los Estados Miembros están obligados a sancionar penalmente cualquier incitación pública a la violencia y al odio contra grupos o personas por su raza, color, religión, origen nacional o étnico.

 

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