A pesar de las negativas de Fernández de la Vega, la “hoja de ruta” contra la Iglesia existe: fue anunciada en Cádiz hace dos semanas

Contrariamente a lo afirmado el viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno Zapatero, el Ejecutivo socialista sí tiene diseñado y cerrado un plan integral para revisar las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, la llamada “hoja de ruta”. Es más: hace dos semanas lo expuso públicamente el Secretario de Estado de Justicia.

Según puede desvelar El Confidencial Digital, el “número dos” de Justicia, Luis López Guerra, delineó en público, en Cádiz, las líneas maestras de la estrategia laicista del PSOE, que él mismo –además- denominó “hoja de ruta”.

“Nosotros –afirmo- tenemos un objetivo muy claro, y cuando hablo de nosotros me refiero en general a todo el equipo de Gobierno: cumplir el mandato constitucional de que no solo se respete la libertad de conciencia sino que efectivamente ninguna confesión tenga carácter estatal”.

Estas palabras fueron pronunciadas el pasado 17 de septiembre, en la capital gaditana, precisamente durante un curso titulado “Laicidad en las Instituciones y Servicios Públicos”. López Guerra anunció la intención del Ejecutivo socialista de acabar con “una situación de asimetría” provocada –dijo- por “una posición de innegable ventaja de la confesión católica”.

Toda la intervención del “segundo” de López Aguilar, a la que ha tenido acceso El Confidencial Digital, supone un desmentido de plano a las afirmaciones de María Teresa Fernández de la Vega durante la rueda de prensa del último Consejo de Ministros. El Gobierno sí está trabajando en un plan, que incluye, por ejemplo, “modificaciones” en el sistema de financiación de la Iglesia Católica.

López Guerra habló de”hoja de ruta”, cuando aludió explícitamente a la necesidad de “diseñar –y el Gobierno lo está haciendo- una ‘hoja de ruta’ que nos permita pasar de una situación que no nos satisface hoy, a una que cumpla los mandatos constitucionales, y todo ello naturalmente para conseguir la aconfesionalidad del Estado, el respeto a la libertad religiosa y la cooperación con la diversas religiones”.

Concretamente, explicó que la “hoja de ruta” se moverá en cuatro direcciones. En primer lugar, la reconsideración de la presencia de la religión como materia en el ámbito educativo. No obstante, y tras el primer paso de anular la reforma diseñada por el anterior Ejecutivo, el Gobierno Zapatero reconoce, “porque no se puede eludir”, la existencia de unas obligaciones derivadas de los Acuerdos Iglesia-Estado.

El Gobierno dice que quiere evitar que la Escuela se convierta “en un conjunto de guetos religiosos, donde incluso el Claustro de profesores aparezca como un Concilio de diversas religiones”. Es decir, se trataría de arrebatar “privilegios” a la Iglesia Católica sin que eso suponga el ascenso de otras confesiones.

En segundo lugar, el PSOE anunciaba en Cádiz, por boca del Secretario de Estado de Justicia, la renegociación (a la baja) para 2005 del modelo de financiación del Estado a la Iglesia. En el año 2002, la Ley de Presupuestos estableció la cantidad que la Administración debía aportar para completar los fondos que la Iglesia necesite y no consiga a través del IRPF.

El Gobierno aboga por erradicar lo que califica de “comodidad concesiva” ejercitada hasta ahora en este capítulo. Aprovechará para ello la revisión del montante de esa subvención, que se llevará a cabo el próximo año, como quedó estipulado en 2002. Eso sí: el PSOE quiere evitar que las demás confesiones religiosas sean “homologadas por arriba” a la Iglesia Católica en sus derechos y “privilegios” económicos.

En tercer lugar, el Gobierno aboga por un “fortalecimiento de la cooperación” con otras confesiones religiosas. Se habla principalmente de la musulmana (con casi un millón de fieles, calculan) y de la evangélica (con alrededor de 300.000 seguidores). Ese apoyo vendrá, como insisten en dejar claro, no tanto en el apartado educativo o financiero como en la ayuda a sus proyectos sociales o culturales, y todo tipo de actividades de interés social.

Por último, se insistirá en el logro de una efectiva aconfesionalidad del Estado. “Esto supone –remarcó López Guerra en Cádiz- eliminar el carácter oficial de cualquier religión: ninguna puede ser más oficial porque ninguna puede ser oficial”.