Martes 17/10/2017. Actualizado 01:00h

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Política

No ha recibido ninguna orden del Gobierno sobre el 9-N

El Fiscal General del Estado no se ha planteado dejar el cargo y mantiene la querella contra Artur Mas

Hoy informará a los Fiscales de Sala del cambio de posición de la junta catalana, que ahora no ve entidad penal en la actuación del President

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Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, no se ha planteado abandonar el cargo antes de que finalice el mandato, a pesar de algunas informaciones que hablan de que se ha cansado de recibir presiones y de que tiene discrepancias con el Gobierno. Hoy preside la Junta de Fiscales de Sala y les informará de su voluntad de mantener la querella contra Artur Mas por la consulta del 9-N.

Eduardo Torres-Dulce. Eduardo Torres-Dulce.

Torres-Dulce les explicará que se ha producido un cambio de opinión en la junta de fiscales de Cataluña, manifestada en que ahora no encuentran base jurídica para actuar contra el presidente de la Generalitat por haber organizado la votación independentista.

A ese respecto, fuentes judiciales consultadas por El Confidencial Digital recuerdan que en la víspera de la votación, el mismo 8 de noviembre, la fiscalía de Cataluña abrió diligencias de investigación por haber detectado “movimientos preparatorios” para la celebración de una consulta que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Y el día de las votaciones, el 9-N, los jueces de guardia recibieron denuncias por los hechos que estaban produciéndose, y en todos los casos los fiscales presentaron informes a favor de la aceptación de esas denuncias por estimar que existían indicios racionales de delito.

El cambio de posición ha quedado de evidencia después de que la junta de fiscales de Cataluña haya considerado ahora que no existe base jurídica suficiente para actuar contra el presidente de la Generalitat, quien el mismo 9-N se proclamó responsable de las actuaciones en torno a la consulta.

Una opinión no vinculante

En la junta de hoy, los fiscales de sala serán informados de las contradicciones entre la opinión de la Fiscalía Superior de Cataluña y la propia de Eduardo Torres-Dulce, así como de su decisión de mantener la querella a pesar de todo.

En la Junta de Fiscales de Sala se producirá un debate de contenido jurídico, pero en todo caso la opinión final de los asistentes no es vinculante para el Fiscal General del Estado, que podrá mantener por tanto su posición.

A continuación, Torres-Dulce trasladará a los fiscales de Cataluña la instrucción de plantear la querella contra Artur Mas por delito contemplado en el Código Penal, en principio por un delito de desobediencia.

Una instrucción semejante transmitió en el llamado ‘caso Faisán’, cuando el Fiscal General ordenó a los fiscales del País Vasco mantener la acusación a los dos policías implicados en el chivatazo.

No ha habido orden del Gobierno

Las fuentes consultadas por El Confidencia Digital explican que la posición del Fiscal General del Estado no ha cambiado. Ni cuando se habló de que existían presiones del Gobierno para que presentara querella contra Artur Mas (y se le acusó desde ámbitos gubernamentales de retrasarlo), ni ahora, a pesar de que se afirme que mantiene la decisión porque cumple instrucciones del Gobierno.

Según esas fuentes, no ha existido ninguna orden del Gobierno a Eduardo Torres-Dulce para que proceda en uno u otro sentido en relación con el presidente de la Generalitat y su actuación el 9-N.

El Estatuto del Ministerio Fiscal establece la independencia de su titular y le ampara frente a injerencias del Ejecutivo. La llamada “dependencia jerárquica” respecto al Gobierno ya no es real.

El Gobierno sí puede dar instrucciones a la Abogacía del Estado, para que presente demandas y querellas y para cualquier otra iniciativa judicial, porque en este caso sí está a sus órdenes.

Acuerdo del Consejo de Ministros

De acuerdo con el Estatuto, el Gobierno, que nombra al Fiscal General del Estado, no puede sin embargo cesarlo mientras no termine su mandato de cuatro años.

El Ejecutivo puede dar indicaciones genéricas a la Fiscalía, pero eso requiere un acuerdo del Consejo de Ministros, de carácter público, algo que no se ha producido en este caso ni en ningún otro en la actual legislatura. En ese supuesto, además, el Fiscal General debe convocar a la Junta de Fiscales de Sala para informarles, lo que tampoco ha ocurrido.

Se recuerda que Rodríguez Zapatero aplicó en una ocasión dicho trámite, cuando interesó la actuación de la Fiscalía General del Estado en un caso concreto: la proliferación de incendios forestales. Reclamó que se endureciera la persecución de esos delitos.

La querella es un comienzo

Las fuentes judiciales consultadas destacan que el hecho de la presentación de la querella contra Artur Mas no es ningún final, sino que sólo es “un comienzo”. Porque hay que construir la acusación, defenderla luego ante un tribunal, llevar la convicción a los magistrados juzgadores...

También explican que la situación jurídica habría sido más clara si la decisión del Tribunal Constitucional, suspendiendo de forma cautelar la votación del 9 de noviembre, hubiera aclarado más los términos de la sentencia.

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