“Si la Generalitat te cita para una mesa el 1-O, te puedes negar”
Un grupo de juristas prepara un informe dirigido a los 55.000 ciudadanos catalanes que han sido seleccionados para organizar la votación en las urnas
La Generalitat de Cataluña ha elegido mediante sorteo a los 55.000 presidentes, vocales y suplentes de mesas electorales que pretende que acudan el 1 de octubre al referéndum sobre la independencia. Las notificaciones las irán recibiendo los ciudadanos seleccionados, que se verán ante un dilema: acatar la designación del gobierno catalán, o negarse por estar suspendido el referéndum por el Tribunal Constitucional.
El gobierno de Puigdemont pretende que el referéndum del 1-O tenga un carácter mucho más oficial que la consulta independentista que se celebró el 9 de noviembre de 2014. Por eso, si en aquella ocasión fueron voluntarios -aunque muchos de ellos cargos de la Generalitat- quienes se encargaron de gestionar las mesas electorales, ahora ha hecho como en unas elecciones autonómicas perfectamente legales: designar por sorteo a ciudadanos para que sean presidentes de mesa, vocales, suplentes...
La Generalitat está ya notificándolo a los ciudadanos seleccionados, a través de cartas enviadas a sus domicilios. Las designaciones se basan en la Ley del Referéndum y los decretos que convocaron y desarrollaron los detalles de la votación del 1 de octubre, que establece un presidente y dos vocales por mesa electoral. Estas normas suspendidas por el Tribunal Constitucional a recurso del Gobierno de España son tajantes: el acudir a las mesas no es una opción, sino una obligación salvo causa justificada de ausencia.
Un informe de juristas contrarios al proceso
Esa obligatoriedad -como la que se da en un proceso electoral legal y normal- puede poner en un aprieto a aquellos catalanes que se niegan a participar en este referéndum ilegal, o que temen las posibles consecuencias legales que les puede acarrear colaborar en la votación.
Para salir al paso de sus dudas, un grupo de juristas contrarios a la independencia prepara un estudio sobre el tema. Así lo ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes de Llibertats: un colectivo de jueces, abogados, fiscales, catedráticos de Derecho... que se presentó hace unos meses con un manifiesto en el que reclaman a las instituciones catalanas que respeten la ley vigente y el Estado de Derecho y no promuevan la desobediencia.
Desde Llibertats explican que van a elaborar y hacer público un informe con el que tratarán de aclarar la situación jurídica a la que se enfrentan los ciudadanos designados para las mesas electorales del referéndum de independencia de Cataluña.
El documento intentará resolver las dudas de aquellos catalanes que pretendan negarse a participar en ese plebiscito suspendido por el Tribunal Constitucional.
Negarse a acudir sin temor a sanciones
Uno de los puntos que recogerá el informe de estos juristas es que “la amenaza de sanciones de la Generalitat es nula de pleno derecho”, y que no podrá imponerlas al estar suspendida por el TC la ley en la que se basan.
De hecho, las fuentes consultadas por ECD destacan que la Ley del Referéndum ni siquiera articula y concreta ese régimen de sanciones, como suele hacer cualquier legislación electoral. Sólo se señala que lo decidiría esa Sindicatura Electoral de Cataluña que ha nombrado el Parlament.
En todo caso, el informe que publicará Llibertats incide en que los ciudadanos pueden negarse sin temor a las sanciones a acudir a las mesas electorales.
Al mismo tiempo, indican que quienes sí acudan como presidentes o vocales de mesa el 1-O no tendrían por qué estar cometiendo un delito de desobediencia a las decisiones del TC. “Para que haya desobediencia tiene que haber un mandato expreso”, es decir, que esas personas hayan sido advertidas de que van a cometer una ilegalidad pese a la orden del tribunal.
De ahí que los miembros del Govern de Puigdemont y los alcaldes, por ejemplo, hayan recibido notificaciones oficiales en las que se les avisa de que no deben dar pasos hacia el referéndum ilegal. “Si el ciudadano designado para una mesa recibiera una notificación así y acudiera, entonces sí estaría desobedeciendo”, apuntan desde este grupo de juristas contrarios al proceso secesionista.
Una de las posibilidades que señalan es que quienes se nieguen a participar en el referéndum denuncien, por ejemplo ante la fiscalía, que les ha llegado la carta con la designación por parte de la Generalitat para el 1 de octubre, y así poder ser amparados por la justicia.
