El Gobierno ultima una ‘ley de protección a la maternidad’ para evitar el recurso del aborto. Pagará la Seguridad Social de la mujer embarazada y el sueldo del trabajador que cubra su baja
El objetivo es que ninguna mujer sea perjudicada en su trabajo por quedarse embarazada. El Gobierno aprobará una ley que establecerá que el Estado sea quien pague la Seguridad Social de las mujeres encintas, así como el sueldo de la persona que le sustituya en su puesto durante la baja por maternidad.
Según ha sabido El Confidencial Digital, la llamada ‘ley de protección a la maternidad’ está siendo elaborada de forma paralela a la reforma de la actual Ley del Aborto, de tal forma que podía estar integrada en dicho cambio legislativo o tener carácter normativo de forma independiente.
Las fuentes gubernamentales consultadas por este diario explican que en el texto que se está preparando “se recuperará el llamado ‘Doble Coste Cero’ para la empresa, que estableció en su día el Gobierno de José María de Aznar en la Ley del Aborto que luego cambió José Luis Rodríguez Zapatero”.
En concreto, “quedará establecido que el pago de la Seguridad Social a las trabajadoras que se queden embarazadas corresponda al Estado y no a la empresa”. Del mismo modo, “también la Administración se encargará del sueldo del empleado que sustituya a la mujer que esté de baja por maternidad, quedando exenta de esos pagos la compañía”.
Además, en ese mismo texto se establecerán una serie de ayudas públicas a mujeres en riesgo de exclusión, o en situación precaria, que se queden en estado: “Ha sido una de las mayores reivindicaciones que nos han pedido las asociaciones de mujeres en la Subcomisión del Aborto que organizamos”.
La nueva Ley del Aborto se ceñirá a la sentencia del TC de 1.985
A la espera de saber si la ‘ley de protección a la maternidad’ queda o no integrada en la nueva Ley del Aborto que prepara el ministerio de Justicia, el equipo que dirige Alberto Ruiz-Gallardón tiene decidido ya que los supuestos en los que se permitirá una interrupción del embarazo sean sólo y exclusivamente los que estipula la sentencia sobre el aborto que dictaminó el Tribunal Constitucional en 1.985.
Las fuentes antes citadas explican que “el concepto de la doctrina del 85 es que el no nacido tiene todos los derechos al mismo nivel que los que posee la madre, y sólo se considerará el aborto cuando entren en conflicto los derechos de la mujer respecto al feto, como el hecho de que la vida de la madre corra peligro”.
