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Política

El Gobierno Vasco deniega ayudas a víctimas del terrorismo mientras subvenciona a familiares de presos de ETA y procesados en el 'caso Egunkaria'

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El gobierno Vasco aplica ‘curiosos’ criterios de selección para la adjudicación de subvenciones. Un colectivo de víctimas de ETA no tendrá tanto apoyo económico este año como, por ejemplo, los observadores abertzales en las causas judiciales contra el entorno etarra, los refugiados colombianos o la plataforma de apoyo a los procesados en el caso "Egunkaria".

El pasado mes de mayo desde el Colectivo de Victimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) solicitaron a la consejería de Justicia del Gobierno Vasco dos ayudas económicas para sendas actividades de la organización.   La primera de ellas se trataba de la celebración de las VI Jornadas de Víctimas del Terrorismo y violencia terrorista, que la mencionada asociación celebra. En el segundo caso, desde COVITE, se solicitaban ayudas para la asistencia de familiares y amigos a los juicios por asesinatos de la banda terrorista ETA.   De las peticiones detalladas, el departamento de Justicia del Gobierno Vasco que dirige Joseba Azkárraga sólo ha atendido una pequeña parte. Concretamente, ha accedido a subvencionar el Congreso con menos de la mitad del dinero solicitado (9.000 euros) pero ha denegado las ayudas para la asistencia de los familiares y amigos de las víctimas de ETA a los juicios en los que rendirán cuenta los asesinos de sus seres queridos.   Esta actitud del Gobierno vasco choca con la aquiescencia con la que son subvencionadas, año tras año, las visitas a las cárceles de los familiares de presos de ETA. Como informaba ayer El Correo, el gobierno del Lehendakari Ibarretexe quiere aumentar para 2007 en un 4% la partida destinada a subvencionar los desplazamientos de los familiares de los reclusos vascos encarcelados fuera de Euskadi respecto a lo gastado este año. Tampoco tiene problemas a la hora de facilitar ayudas a los observadores abertzales que acuden desde hace meses a las sesiones del macrojuicio 18/98 contra el entramado sociopolítico de ETA, en la Casa de Campo de Madrid.   Además, el 13 de junio del 2003, el parlamento vasco aprobó una proposición no de ley con unas premisas sobre el trato a las víctimas del terrorismo. En este texto se instaba al Eusko Jaurlaritza a lo siguiente:   -- Artículo Primero, punto b. “Incrementar las políticas subvencionales a las asociaciones de víctimas del terrorismo y plataformas que trabajan en defensa de las libertades, no sólo para que puedan mantener sus actividades, sino también para poder cubrir con dignidad su funcionamiento ordinario”.   La ayuda solicitada por COVITE para los viajes a los distintos juicios era de 9.000 euros. La petición enviada en plazo y forma correctos, no pasó siquiera el primer trámite de puntuación, que se efectúa con criterios sólo conocidos por el propio ejecutivo vasco.   Por el contrario, Jon Mirena Landa Gorostiza, director de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha decidido adjudicar 11.000 euros al Egunkariaren Alde Elkartea, cuyo objetivo reconocido es el de "Reivindicar y socializar la inocencia y buen nombre de las personas y empresas del caso Egunkaria" entre los que se encuentran Xabier Alegría, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga.   Los mencionados y otros cuatro individuos responsables del citado periódico euskaldun se encuentran en un proceso judicial iniciado por el juez del Olmo por formar parte, en calidad de fundadores, promotores y directivos, de una presunta asociación ilícita subordinada a ETA.   Además de ésta "asociación cultural", el responsable de Derechos Humanos del departamento vasco de Justicia ha decidido dar, antes que a COVITE, otras ayudas a asociaciones del siguiente tenor:   -- 11.500 euros a la Asociación Colectivo de Refugiados Colombianos acogidos en Euskadi Bachue, para el proyecto "ciudadanía sin fronteras y derechos humanos".   -- 13.000 euros para la Asociación Torturaren Aurkako Taldea (T.A.T) de Bilbao, para el proyecto "Torturak Badirau 2006".