La Generalitat ya no tiene un solo discurso

El Gobierno ha conseguido cuatro aliados en CiU para desactivar el desafío independentista

El gabinete de Rajoy lleva meses manteniendo contactos discretos con el círculo más cercano a Artur Mas. Se trata de Joana Ortega, Joan Rigol, Santi Vila y Josep María Pelegrí

Mariano Rajoy recibe a Artur Mas en La Moncloa.
Mariano Rajoy recibe a Artur Mas en La Moncloa.

Artur Mas ha visto cómo, en apenas dos semanas, su proyecto independentista perdía fuelle con la aparición de un frente crítico dentro de la Generalitat. Los representantes de esta nueva corriente, contraria a la celebración del referéndum, son cuatro personas de confianza del president con las que el Gobierno de Rajoy lleva meses trabajando.

Según confirman a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales, Moncloa inició a principios de año un plan de acercamiento discreto a representantes de la Generalitat que perseguía un objetivo claro: dejar el desafío soberanista amortizado antes de la aprobación de la Ley de Consultas.

En ese trabajo de aproximación ha participado el gabinete de Mariano Rajoy y también comisionados del PP de Cataluña. La idea del presidente era llegar a la reunión clave con Artur Mas, antes del parón estival, con un grupo de aliados en la Generalitat.[OBJECT]

Pactó con ellos dos cosas. Que el president se encontrara a su vuelta la misma oposición al referéndum que en Madrid y que reprodujeran en público el mismo mensaje que Mas iba a recibir en Moncloa.

Y así ha sido. El Gobierno ha conseguido que, en las últimas semanas, se haya visualizado la existencia, dentro de la Generalitat y también en CiU, de un grupo contrario al referéndum.

Los nombres de los cuatro colaboradores principales de Moncloa son los siguientes: Joana Ortega, Joan Rigol, Santi Vila y Josep María Pelegrí.

Sáenz de Santamaría convenció a Ortega

Las fuentes consultadas por ECD sitúan el inicio de esta “ofensiva” en el mes de enero, cuando Josep Antoni Duran i Lleida dimitió como el representante catalán de la comisión bilateral entre el gobierno central y el autonómico, dejando esa responsabilidad a Joana Ortega.

Fue entonces cuando la vicepresidenta de la Generalitat, que ya había mantenido conversaciones con Soraya Sáenz de Santamaría, se convirtió en una interlocutora directa para el Ministerio de la Presidencia.

La postura de Ortega, explican desde Moncloa, ha evolucionado en los últimos meses: “Al principio era como una pared que lo devolvía todo, repetía lo dicho por Mas; pero poco a poco, ha ido escuchando lo que ofrecía el Gobierno para desatascar una situación que no conducía a ninguna parte”.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha jugado un papel muy importante. La vicepresidenta es la que ha trasladado a su homóloga en la Generalitat la necesidad de acabar con un desafío independentista que está llevando a Cataluña a la quiebra. “El mensaje ha sido claro: los catalanes necesitan gobernantes que les saquen de la crisis y el Gobierno central les va a apoyar en ese proyecto”.

 

Así las cosas, y ante la certeza de que el referéndum no se celebrará por ser ilegal, Ortega ha ido considerando la opción de desconvocar la consulta y fijar con Moncloa una serie de ayudas que permitan a la Generalitat pagar todas sus deudas y reconducir la situación económica.

Además, añaden las fuentes consultadas, “tiene la certeza de que el Gobierno no dejará caer a Cataluña y que eso permitirá a CiU recuperar parte de su electorado tradicional, que se ha esfumado desde que le hace el juego a ERC”.

Joan Rigol, un apoyo estratégico

Si el apoyo de la vicepresidenta de la Generalitat es importante para el Gobierno, la oposición de Joan Rigol a celebrar un referéndum si éste es ilegal es considerada por Moncloa como “un golpe estratégico” al desafío soberanista de Mas.

Y es que Rigol, ex presidente del Parlament y “uno de los rostros históricos de CiU con mayor reputación”, es el actual coordinador del llamado Pacto por el Derecho a Decidir, una plataforma impulsada por la Generalitat para obtener apoyos al proceso independentista. Su negativa a la consulta, por tanto, es “clave” para lograr cambiar de opinión no solo al Gobierno catalán, sino al resto de partidos y sindicatos favorables al referéndum.

Para convencer a Rigol de la inconveniencia de seguir adelante con el reto independentista, el Gobierno de Rajoy ha echado mano de veteranos políticos de renombre en Cataluña y a nivel nacional, que coincidieron con el propio Rigol tanto en su etapa como presidente del Parlament como en los años en los que fue vicepresidente del Senado en Madrid.

Su extensa trayectoria política le ha granjeado amistades con ex dirigentes del PP, con los que ha contactado el Gobierno, a través del Partido Popular en Cataluña, para trasladar al propio Rigol los mensajes procedentes de Moncloa.

Vila y Pelegrí, los consejeros que han logrado más acuerdos con el Estado

La actual disparidad de discursos dentro de la Generalitat sobre el referéndum independentista la inició el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, que ya aseguró tiempo atrás en privado, que el Gobierno de Mas no podía “sacar las urnas a la calle” si el Estado no daba el visto bueno a la consulta.

A esa conclusión ha llegado también Josep María Pelegrí, que se ha mostrado contrario a realizar un referéndum ilegal. El consejero de Agricultura ha recordado que, dentro del pacto de Gobierno que se alcanzó con ERC, se ponía una doble condición para la celebración de la consulta: que ésta fuera legal y que el contexto socioeconómico no exigiera un aplazamiento.

En la postura de ambos consejeros de Mas han influido las buenas relaciones que ambos mantienen con sus homólogos del Gobierno central: Ana Pastor, Miguel Arias Cañete (cuando era ministro) e Isabel García Tejerina.

Tal y como se informó en estas páginas, la sintonía entre Pastor y Vila se ha concretado en acuerdos muy beneficiosos para la Generalitat, y también en una amistad entre ambos, tal y como se demostró con la presencia de la ministra en la boda del consejero.

Pelegrí, por su parte, está muy agradecido a Cañete y García Tejerina por conseguir para Cataluña unas buenas condiciones en la reforma de la PAC.

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