Se acaba la paciencia en la Guardia Civil: “No podemos más. Es indignante la utilización que PSOE y PP están haciendo del Cuerpo”

ECD ha podido hablar este fin de semana con un alto mando de la Benemérita, que prefiere mantener el anonimato. Se declara dispuesto a transmitir un mensaje claro a toda la sociedad: “No podemos más. Se está atacando injustamente a un Cuerpo que no puede replicar y que, por eso, satisface las necesidades de los dos principales partidos”.

ECD ha podido hablar este fin de semana con un alto mando de la Benemérita, que prefiere mantener el anonimato. Se declara dispuesto a transmitir un mensaje claro a toda la sociedad: “No podemos más. Se está atacando injustamente a un Cuerpo que no puede replicar y que, por eso, satisface las necesidades de los dos principales partidos”. La conversación ha tenido lugar en una cafetería de Madrid, sin grabadoras ni cámaras fotográficas. El mensaje que quiere transmitir ese mando es, en síntesis: Altos cargos de la Guardia Civil han comenzado a comentar entre ellos su indignación y malestar por la actual situación (los escándalos en Asturias, el Fiscal del Estado investigando al Cuerpo), que amenaza –creen- con terminar con el prestigio de una institución que no debe ser juzgada sólo por indicios.

La Guardia Civil, explica antes que nada este mando, es favorable a que se realice una investigación seria y rigurosa, y a todos los niveles, que depure las responsabilidades que sean precisas, si se diera el caso. Pero junto con eso, se exige que termine de una vez una persecución amparada desde ambos bandos del arco político.

“Nosotros no podemos hablar. Nuestros jefes de antes, miembros del Partido Popular, ahora intentan sacar rédito de lo que ha sucedido y no nos defienden, cuando durante su gobierno la Guardia Civil prestó tantos servicios”.

“El Gobierno socialista lo que nos dice es que saldrá a dar la cara por nosotros cuando concluya la Comisión de Investigación en el Parlamento. Después –según ellos-, interpondrán querellas. Pero cuando ves que a continuación te echan encima al Fiscal General del Estado, no sabes qué pensar y te pones muy nervioso”.

La principal crítica que se lanza desde la Guardia Civil contra quienes deberían salvaguardar el honor de la Benemérita es haber dejado que la confusión se adueñe de la opinión pública al conocerse los graves sucesos acaecidos en Asturias. Desde la Benemérita se quiere acabar de una vez con las voces que hablan incluso de “conspiraciones” de mayor calado.

Los citados mandos del Cuerpo llaman la atención, concretamente, sobre los siguientes datos, que consideran que aún no han sido suficientemente valorados:

a) Las conversaciones con el confidente “Lavandero” se produjeron en agosto de 2001. En esa fecha, cuando aún no habían sucedido si quiera los trágicos atentados del 11-S en Estados Unidos, la única amenaza terrorista digna de consideración en España era ETA. Y ETA, en los últimos veinte años, no ha utilizado explosivos robados en España: los fabricaba o sustraía en Francia para evitar la estricta legislación sobre control de explosivos que hay en nuestro país, una normativa que la UE está copiando.

b) ETA jamás se ha relacionado con la delincuencia común. Nunca, insisten desde la Guardia Civil. Por eso, a pesar de existir en la Benemérita una unidad antiterrorista dedicada específicamente a la lucha terrorista (la UCE), el caso de Asturias fue investigado por la UCO (Unidad Central Operativa), dedicada en exclusiva a la delincuencia, y por la Unidad de Policía Judicial de Asturias.

c) El consumo de explosivos en España es de proporciones tales que la opinión pública no se puede hacer una idea. Una isla minúscula de un archipiélago de este país consume, ella sola, 10 toneladas de dinamita en una semana. Con esa circulación, existe un movimiento ilegal de explosivos, sobre todo en la zona de Asturias, nada desdeñable pero hasta cierto punto inofensivo… hasta ahora: la dinamita vendida se dedicaba para la pesca ilegal o para voladuras ilícitas.

 

Hasta 2004, nadie había utilizado en España explosivos de cantera en atentados y, de hecho, la pena prescrita por este comercio ilegítimo sigue siendo de un máximo de cuatro años de prisión y, en muchos casos, se impone simplemente una sanción administrativa.

“Todo esto –relatan desde la Guardia Civil- debe hacerse llegar a la sociedad española, para que la ciudadanía valore los hechos adecuadamente”. Por eso, según ha podido confirmar este confidencial, algunos mandos del Cuerpo se han dirigido a sus superiores políticos para solicitar de ellos un expreso respaldo público en estos días.

En este contexto, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, pronunciaba este sábado un discurso en la jura de bandera del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro que ha incluido referencias expresas a la exigible salvaguarda del honor de la Guardia Civil en estos momentos. Esta declaración podría ir acompañada de otros gestos próximamente, incluso a más alto nivel.

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