Jesús Caldera, desbordado por los “sin papeles”, instala un “call center” en una empresa pública agraria para atender llamadas

El Ministerio que dirige Jesús Caldera no ha podido hacer frente a la carga de trabajo derivada del proceso de regularización de “sin papeles”. Clara muestra de ello es lo sucedido con la empresa pública Tragsa, dedicada a temas agrarios y medioambientales. Según ha sabido ECD, empleados de la compañía realizan en estos momentos tareas de asistencia telefónica a los inmigrantes. La Administración ha puesto en marcha esta semana un dispositivo mediante el cual todas las personas extranjeras “sin papeles” pueden regularizar su situación si demuestran estar en posesión de un contrato laboral. Estas tareas, antes dependientes del Ministerio del Interior, han obligado al departamento que dirige Jesús Caldera a buscar ayudas “externas”. Por ejemplo, en la compañía pública Tragsa. Tragsa, integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es una empresa española de capital público que realiza trabajos en el ámbito agrario y medioambiental: actuaciones en beneficio del desarrollo rural, actividades de conservación del medio ambiente, mejora de los sistemas de producción agraria y gestión de recursos pesqueros. Uno de los “brazos” de Tragsa, SIGPAC, ha seleccionado y formado estos últimos meses a varios centenares de funcionarios —que iban a quedarse sin trabajo-, otorgándoles una capacitación que les está permitiendo atender un servicio de llamadas de atención al inmigrante. Entre los telefonistas hay ingenieros, informáticos y profesionales del mundo agrario. Algunos empleados de Tragsa no dan crédito a lo que está ocurriendo: una compañía dedicada desde su creación a temas agrarios, y compuesta en su mayor parte por técnicos y especialistas en agronomía, asume ahora funciones tan ajenas a su filosofía empresarial como la atención telefónica a inmigrantes. Un portavoz oficial del Ministerio de Trabajo ha explicado a ECD que Tragsa es un medio propio de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, es decir, tiene un carácter instrumental. Por lo tanto, puntualizan, puede contratar o subcontratar servicios de empresas privadas para la administración. Por otro lado, añaden las mismas fuentes, aunque Tragsa esté adscrita al ministerio de Agricultura eso no evita que pueda ser contratada por otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Trabajo. Por eso, a través de Tragsa se ha contratado un número de teléfono para facilitar información a “sin papeles”, todo ello de acuerdo con la ley de contratos del Estado, artículo 199, y con el visto bueno de Intervención General del Estado. Tragsa era la empresa más operativa para este cometido, explican desde el Ministerio, sin concretar el significado concreto de esa “operatividad”. El pago de los emolumentos a los nuevos telefonistas corre a cargo de Tragsa, que a su vez cobra a la Administración Pública aplicando unas tarifas estipuladas previamente. Para el improvisado “call center” se han habilitado además diversas dependencias de la sociedad agraria.