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Política

Jorge Fernández se queda solo frente a Rubalcaba y los demás grupos parlamentarios en el primer duelo político sobre la sentencia del 11-M

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Ni Ignacio Astarloa ni Alicia Sánchez Camacho, primeras espadas en materia de Interior del grupo popular en el Congreso de los Diputados, acudieron a la primera comisión que se celebraba para analizar el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en la Comisión de Investigación del 11-M.

En su lugar, acudió el secretario general de los ‘populares’, que rompió el mutismo de su grupo sobre la sentencia del 11-M mientras Rubalcaba enarbolaba la lista de los cumplimientos. El atentado del 11-M y sus repercusiones políticas volvieron a centrar el debate.

La ausencia se hacía notar. Ya hacía más de una hora del comienzo de la comparecencia del ministro de Interior y ninguno de los expertos del grupo popular en Interior y Justicia se encontraban en sus puestos. De hecho, al comienzo de la comparecencia, la presidenta de la comisión dejaba para más tarde la batería de preguntas que la diputada Alicia Sánchez Camacho había reservado para dicha ocasión, a pesar de que las había mantenido expresamente para este momento y a pesar de que, en un inicio, estaban concebidas como “preguntas para respuesta escrita”. Al parecer, según fuentes del Partido Popular, los diputados se encontraban en una reunión sobre presupuestos, mientras que Camacho estaba en Barcelona en otros menesteres de su partido.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudía con talante “conciliador”. En sus primeras palabras, ni atisbo del resquemor que dotó a sus declaraciones tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M. Rubalcaba empezaba su comparecencia atando cabos. El titular de Interior quiso unir las conclusiones de la comisión de Investigación del 11-M del Congreso con varias frases de la sentencia del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, como se encargaba de aclarar él mismo. Su objetivo no era más que resaltar la coincidencia de la identidad islamista de los autores de la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004 que ya se estableció en dicha comisión y que la resolución judicial no había hecho más que ratificar. Así enmarcaba, ha aclarado, el motivo de su comparecencia: el peligro del terrorismo islamista. “Un peligro para el que ahora, tres años y medio después, estamos más preparados”, ha dicho. Esta era, precisamente, la primera de las recomendaciones de aquella comisión de investigación que el Gobierno ha cumplido.

Otra de las recomendaciones, ha aclarado Rubalcaba, era la ayuda a las victimas. Y también, afirmó, en eso hemos cumplido. El Gobierno ha resuelto el 99% de las solicitudes de ayuda de víctimas del atentado y se ha destinado 65 millones de euros en concepto de indemnización. “Incluso hemos encontrado algunas que ni siquiera habían solicitado ayudas”. Después, enumeraba una lista de medidas adoptadas como las entrevistas personales, el seguimiento de la situación de la víctimas, su inclusión en el programa de acceso a la vivienda…

Rubalcaba se apuntaba otro tanto: otra de las recomendaciones, la mejora de la seguridad del Estado, había mejorado. En este sentido, se había puesto en marcha un Plan Operativo por el Comité Ejecutivo del Mando Unificado, CEMU, para modernizar la capacidad de la inteligencia en nuestro país. Un centro creado en 2004 y que había sido, a su vez, el germen del Centro Nacional de Coordinación Terrorista que ni siquiera existía. Las acciones políticas en este sentido se saldaban con la creación en la Comisaría General de Información de la Brigada de Análisis Estratégico y la Brigada de sistemas y ciberespacio cuya finalidad era perseguir el terrorismo islamista con independencia de planes específicos para la Policía y la Guardia Civil como el Plan de actuación contra explosivos o mayor presencia policial con 1.300 agentes dedicados al terrorismo islamista o el aumento de los intérpretes de 11 a 86 porque, como afirmó Rubalcaba, en este tema no tenemos límites: “lo que pedimos al Ministerio de Economía se nos da. En esta parcela, aunque sí en otras, no tenemos límites presupuestarios”.

También siguiendo las recomendaciones de la comisión, se había mejorado la colaboración antiterrorista entre las diferentes fuerzas de seguridad. “No se puede tener un Centro Nacional de Inteligencia si no actúa en coordinación con otros centros y eso es lo que pasaba en la época anterior”. Sin embargo, poco se ha adelantado en la inclusión de las fuerzas policiales autonómicas vasca y catalanas en dicho centro o en la la Europol, como se encargó de recordarle el diputado del PNV, Emilio Olabarría

Rubalcaba se dejó muchas cosas en el tintero que se encargaron de recordarle otros grupos políticos como el PNV, CIU o ERC. En el equipaje se dejaron la “regulación de los confidentes policiales o de algunas medias en materias de asistencia a las víctimas”. “De las 17 recomendaciones en este punto-dijo Olabarría-sólo nos ha contestado cinco”. Tampoco contestó a la incomparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso para informar de la estrategia en política antiterrorista islámica que, según se dispuso en la citada comisión debía producirse cada dos años.

Aunque no tenía mucho que ver con el tema del debate, el diputado de ERC, Joan Tardá le inquirió sobre la conveniencia de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Rubalcaba no se salió de la tangente y le respondió que la agenda de la Casa Real la decidía el Rey y él la respetaba.

Pero el que se salió del discurso fue el diputado, Jorge Fernández, que rompió el silencio mantenido por su grupo político en estos últimos días. Desde la serenidad, alegó, podían contar con el PP. “La sentencia es buena y la respetamos, pero si lo que pretenden es utilizarla como un boomerang contra el PP, nos encontrarán”. Y, a continuación, enumeró las declaraciones “injuriosas” de los socialistas contra su grupo tras la sentencia y se remontó aún más a la época de los GAL, para argumentar que, al menos su partido, se atenía al Estado de Derecho. Sin embargo, a él se le quedaron en el tintero analizar el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión, objeto de la comparecencia.

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