Jueces catalanes piden asesoramiento sobre cómo actuar el 1-O
Están contactando con asociaciones profesionales ante un previsible aluvión de denuncias relacionadas con el referéndum
Los magistrados destinados en Cataluña ven acercarse la fecha del 1 de octubre y esto les recuerda a la consulta independentista del pasado 9 de noviembre de 2014. A dos semanas de que se repita la misma situación, se han puesto en marcha para evitar el caos de hace tres años.
El 9-N los jueces catalanes se enfrentaron a varias situaciones peliagudas. Por un lado, la ley de consultas del Parlament, la propia consulta y el proceso participativo convocado por la Generalitat fueron suspendidos por el TC.
Ante la falta de garantías electorales y legales, ni Artur Mas ni ningún alto cargo de la Generalitat firmaron órdenes dirigidas a los directores de colegios para que abrieran el día de la consulta. Además, para no implicar a los funcionarios, Mas aseguró que los miembros de las mesas serían voluntarios.
Con todas estas peculiaridades, tras el recuento de votos, el entonces president de la Generalitat afirmó que, si se iba a señalar judicialmente a alguien, el propio Mas era “el único responsable” del proceso.
Una situación diferente
En cambio, el escenario de hoy es muy distinto. Carles Puigdemont y la Generalitat están decididos a que la victoria del “sí” en el referéndum sea vinculante y lleve a aplicar la ley de transitoriedad jurídica de Cataluña; es decir, la ruptura con España.
De hecho, el TC ha enviado varios apercibimientos y lo más previsible es que suspenda la Sindicatura Electoral; por otro lado, la Fiscalía ha citado a declarar a los alcaldes decididos a celebrar el referéndum en sus municipios, y se han dictado órdenes a los Mossos de impedir la consulta.
Denuncias de ciudadanos
Si ya el 9-N los jueces tuvieron dudas sobre cómo actuar ante las denuncias que les llegaron, El Confidencial Digital ha podido saber que prevén una situación de mayor caos todavía el próximo 1 de octubre, si se celebra el referéndum.
En 2014, el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona admitió a trámite 15 denuncias de ciudadanos y de UPyD contra Mas y los consejeros Irene Rigau y Ramón Espadaler por presuntos delitos de “desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos”.
Sin embargo, los jueces rechazaron retirar las urnas, cerrar los locales o imputar responsabilidades penales a los voluntarios que participaron en la consulta.
Buscan orientación
Dada la proximidad del 1 de octubre en el calendario y a la vista de la decisión de Puigdemont y la Generalitat de sacar las urnas, los magistrados buscan orientación para determinar su actuación ese día.
Para ello, han contactado con las delegaciones catalanas de algunas asociaciones profesionales de jueces y les han manifestado su situación, pidiéndoles asesoramiento.
Entre otras dudas, han consultado cómo actuar si la Fiscalía cita a cargos públicos como investigaados el mismo 1 de octubre acusándoles de delitos de desobediencia, sedición o malversación.
También prevén que ciudadanos particulares presenten denuncias contra autoridades o agentes de las fuerzas de seguridad que requisen urnas o impidan que se abran los colegios electorales. Esto les plantearía situaciones en sentidos opuestos, en los que se podrñain jugar su plaza o su popia inhabilitación si cometen errores judiciales.
