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Política

El Ministerio del Interior mejoró, quince días antes de la ruptura de la tregua, las condiciones de todos los presos de primer grado, excluyendo a los reos de ETA

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Los presos de ETA seguirán sujetos a la normativa que niega cualquier beneficio a los reos si “se mantienen fieles a la disciplina de la banda y se niegan a cualquier tratamiento”. Funcionarios de prisiones creen que esta medida no tiene nada que ver con la ruptura de la tregua. Otros afirman, en cambio, que se entiende como parte de una nueva política de “endurecimiento” del trato a la banda.

Sin arrepentimiento, no hay beneficios. Según han manifestado a El Confidencial Digital fuentes penitenciarias, la circular interna 9/2007, llamada ‘Clasificación y destino de los penados’ y emitida con fecha 21 de mayo, establece literalmente que se deberá volver a evaluar a los presos más conflictivos para valorar “su evolución” y dejar sólo en primer grado –el régimen penitenciario más duro- a los que persistan en su “inadaptación grave” con independencia de su historial delictivo.

Esta decisión de modificar la tradicional línea de dureza penitenciaria con estos presos se debe a que el 'primer grado' dificulta la reintegración y la reinserción del interno, según se advierte desde Instituciones Penitenciarias.

Sin embargo, los casi 370 presos etarras que se encuentran en este régimen, aproximadamente un 80% de los recluidos, no fueron incluidos en este lote de finales de mayo. El motivo de esta exclusión, aseguran estas mismas fuentes, es que los terroristas se “autoexcluyen” de los programas de seguimiento y reinserción para salir de la incomunicación: rechazan las normas y tratamientos penitenciarios por estricto imperativo de la organización terrorista. Por ejemplo, añaden, los miembros de ETA rechazan sistemáticamente cualquier entrevista con los especialistas.

Para ellos, seguirá vigente la instrucción anterior, esto es, la 6/2006 de 21 de febrero, que establece que todos los acusados de pertenencia o colaboración con banda armada se incluyen, en principio, en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento reservado a los terroristas, FIES 3 BA, con las consecuencias que esto conlleva, como la limitación de movimientos y la interceptación de las comunicaciones.

Mientras que algunos funcionarios se han tomado la medida como una más que deben cumplir, “aunque no la compartan”, y consideran que su oportuna “entrada en vigor” es fruto de la casualidad con el anuncio de la ruptura de la tregua, otros explican su convencimiento de que responde a una medida diseñada ‘ex profeso’ para endurecer el trato hacia la banda, en sintonía con la nueva política contra ETA desplegada por el Gobierno en los últimos días.

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