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Política

El PSOE no penalizará a los diputados que rompieron la disciplina de voto posicionándose contra la financiación a la Iglesia

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El pasado martes seis diputados socialistas votaron en contra de las directrices de su partido y se posicionaron, junto con IU, contrarios al actual sistema de asignación tributaria de la Iglesia. El PSOE no les penalizará.

El pasado martes seis diputados socialistas votaron en contra de las directrices de su partido y se posicionaron, junto con IU, contrarios al actual sistema de asignación tributaria de la Iglesia. El PSOE no les penalizará. Con su enmienda número 435, Izquierda Verde (IU-IV) quería modificar el sistema de asignación tributaria de la Iglesia Católica para acabar con una sobrefinanciación que, a su juicio, supone una aportación pública a la Iglesia de entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que la otorgan los contribuyentes. IU-IV proponía, concretamente, que las cantidades se pagaran mensualmente a la Iglesia y que el total de esos pagos a cuenta no sobrepasaran la cantidad efectivamente recaudada por la vía de la asignación tributaria, obligando a la Iglesia a devolver los euros que se le asignen de más. A pesar de que el grupo socialista en el Congreso había pedido el voto contrario a la enmienda de Izquierda Verde, los diputados del PSOE Ángel Martínez Sanjuán y Álvaro Cuesta se pronunciaron a favor, rompiendo la disciplina de voto. También la rompieron, con su abstención, Victorino Mayoral, Juan Luis Rascón, Delia Blanco y Carmen Alborch. Según ha podido saber El Confidencial Digital, muchos de sus compañeros de las filas socialistas han dado la enhorabuena en privado a estos diputados por haber tenido el valor de desafiar las directrices del partido. Este confidencial también ha podido conocer que el PSOE no les impondrá —como suele hacerse en estos casos- ningún tipo de sanción económica por haber divergido de la línea oficial. Es más, Martínez Sanjuán ha sido telefoneado por dirigentes del partido que han querido felicitarle personalmente. En España se votan para el Congreso candidaturas de partidos -listas cerradas- y los elegidos quedan sometidos a la disciplina de su grupo parlamentario con un pequeño margen de libertad, que es el que les permite votar contra la decisión de su partido, pero sabiendo que serán castigados con una sanción económica. Las penalizaciones económicas se imponen de forma automática tras la celebración de cada pleno y los afectados pueden después presentar alegaciones que justifiquen su actitud de cara al levantamiento de la sanción.