Martes 26/09/2017. Actualizado 13:37h

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Política

La herramienta ha costado 90.000 euros

Así trata Podemos de evitar (en vano) que su consulta a las bases se llene de 'trolls'

La plataforma de votación incorpora un sistema de ‘apoderados digitales’ para evitar que se manipulen los resultados, pero no comprueba la autenticidad del DNI de los votantes censados

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Las bases de Podemos eligen si el partido debe apoyar el documento de PSOE-C’s o si se rompe definitivamente y se apuesta por nuevas elecciones. Los militantes se han mostrado preocupados por la posibilidad de que el proceso sea manipulado por hackers o ‘trolls’. Sin embargo, la empresa contratada por Podemos dispone de medidas de seguridad para evitarlo.


Pantalla de votación que se muestra a aquellos usuarios registrados en Podemos más allá del 2 de abril. Pantalla de votación que se muestra a aquellos usuarios registrados en Podemos más allá del 2 de abril.

“¿Tiene podemos suficientes medidas de seguridad cibernética para realizar la consulta a sus simpatizantes inscritos?”. Es una pregunta real, registrada por militantes de Podemos en el portal ‘Plaza Podemos’ donde se debaten las propuestas e iniciativas ciudadanas de la formación.

“De todos es sabido los intentos desesperados que el poder real está llevando a cabo para lograr que Podemos no tenga responsabilidades de gobierno. Si se le brinda la oportunidad de poder influir en esa votación no me sorprendería nada que lo hiciera” explica un usuario.

Integrantes de las bases del partido hacen referencia en otros comentarios al hipotético interés de varios sectores –banca, militares, empresas…- de manipular el proceso para determinar su resultado. El temor a que la consulta de Podemos sobre un pacto con PSOE y Ciudadanos sea manipulada es un hecho.

Sistema de ‘apoderados digitales’

Agora Voting es la empresa a la que Podemos ha confiado el desarrollo de todos sus los procesos de participación de la militancia. Fue quien desarrolló la plataforma utilizada por la formación en anteriores votaciones.

El sistema que ha desarrollado Agora Voting es “seguro” desde el punto de vista de una consulta, tal y como explican sus creadores:

--El voto es secreto: ni el partido ni siquiera las empresa que participan en la recolección y recuento de votos pueden saber la identidad del votante. Esta va cifrada.

--Un sistema de ‘apoderados digitales’ vela para que no haya manipulaciones. Son esas plataformas quienes generan las claves y realizan el recuento.

--Capacidad de auditar los resultados: la herramienta de votación es de ‘código abierto’, es decir, cualquier programador informático puede repasar las ‘tripas’ de la herramienta para detectar un mal funcionamiento que afecte al resultado.

Es decir, el control del sistema está repartido entre el propio partido, la empresa que aporta el soporte técnico y los ‘apoderados digitales’ independientes. El objetivo es evitar que nadie –hackers, trolls…- pueda introducir datos falsos y modificar los resultados.

El problema: el censo

El pasado 2 de abril, día que Pablo Iglesias anunció la consulta popular sobre un posible pacto de gobierno con PSOE y Ciudadanos, el censo de militantes que podrían participar quedó oficialmente cerrado. Quienes estuviesen registrados como votantes antes de esa fecha podrán votar, quienes llegasen más tarde no.

De las 397.661 personas que se han registrado en la plataforma de participación ciudadana de Podemos, tan sólo 169.367 personas se mantienen activas. Es decir, han entrado al sistema con sus datos de acceso en el último año. El resto, los 228.294 restantes, tiene derecho a votar pero lleva más de un año sin entrar a su cuenta. Un 57,4 por ciento del total de inscritos.

El proceso de elaboración del censo no depende de la misma empresa que ha desarrollado la plataforma de votos, Agora Voting, sino del propio partido. Al tratarse de datos personales sensibles, es Podemos quien se hace cargo de almacenar esta información, no compartida con ningún tercero y protegida por la Ley de Protección de Datos.

Los ‘trolls’ sólo necesitan un móvil

Pero, ¿hay garantías de que esas 397.661 personas llamadas a votar sean reales? La respuesta es No. A día de hoy, tal y como ha comprobado El Confidencial Digital, tan sólo hace falta un número de teléfono móvil real paratrollear’ la votación.

El resto de los datos necesarios para el registro pueden ser completamente falsos e inventados. El nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el domicilio… incluso el DNI. Basta con introducir un número cualquiera para casarlo con su correspondiente letra en alguna de las webs que existen en internet.

DNIs inventados

El DNI introducido, por tanto, es válido: pertenece a una persona con documento español en regla, pero no a quien se registra. Según ha sabido ECD, Podemos no tiene capacidad para comprobar si ese DNI corresponde con el propietario del número teléfono. Aportar el Documento Nacional de Identidad es necesario para obtener una línea móvil.

En ese sentido, el sistema es relativamente seguro: para que el volumen de votos falsos fuese relevante en términos prácticos se requiere una ingente cantidad de personas y medios introduciendo en el sistema usuarios falsos –y un móvil real por cada uno de ellos-.

Sin embargo, expertos en telecomunicaciones y seguridad informática consultados por ECD explican que con medios económicos suficientes podría diseñarse un sistema capaz de “falsear el censo de manera masiva”.

¿Es posible una estafa a gran escala?

Esa técnica, explican, pasaría por la creación de un OMV –Operador Móvil Virtual-. Los OMV son empresas de telefonía a pequeña escala que no disponen de infraestructura propia. Su modelo de negocio consiste en comprar bloques de minutos al por mayor a grandes compañías –Movistar, Orange, Vodafone…- a coste reducido para ofrecérselos en condiciones ventajosas a sus usuarios.

Según explican estas voces, en el hipotético caso de que un grupo de personas que controlen una OMV quisiera ‘reventar’ el censo de Podemos, podrían crear miles de nuevos números de teléfono –asociados a DNIs reales- y gestionar el servicio de SMS desde una plataforma informática –sin necesidad de disponer de tantos terminales como números-.

Se trata, explican, de un proceso caro, complejo y, sobre todo, “absolutamente ilegal”. Pero técnicamente posible.


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