Severo Moto buscará la ayuda de abogados del Partido Popular para eludir la condena definitiva por tráfico de armas de guerra

Severo Moto, el autoproclamado presidente del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, padece prisión provisional desde el 16 de abril por el descubrimiento de un pequeño arsenal que, en el mes de marzo, iba a embarcar desde el puerto de Sagunto hasta el puerto de Malabo, capital de la antigua Guinea Española.

Las armas incautadas, de escasa entidad, se limitaban a un fusil de asalto CETME, un fusil MAUSER, una pistola COLT, un cargador y paquetes de cartuchos. Junto a Moto, fueron detenidos dos compinches suyos, entre ellos un empresario español –Francisco Javier Roselló- que presuntamente financiaba la operación y que, también presuntamente, ya colaboró con Moto en otro intento de coup gestado en Camerún en 1998. El actual intento de Moto, con base en el puerto de Sagunto, ya ha sido definido por opositores contrarios al Partido del Progreso como ‘un golpe de Estado con guión de Azcona’.

En vista de los hechos, el juez Andreu, de la Audiencia Nacional, ha decretado prisión provisional incondicional para Moto, por hechos que revisten caracteres de tráfico de armas de guerra. Este es delito que, en su penalidad, puede alcanzar entre cinco y diez años de prisión. La prisión provisional ha sido decretada por el juez en tanto que Moto es reincidente y puede recaer en la reiteración delictiva, y hay suficientes pruebas –escuchas telefónicas, por ejemplo- en su contra, además de un grave riesgo de ocultación a la Justicia, según se desprende de la planificación por parte de Moto de viajes antes de que fuera detenido.

La actual defensa de Severo Moto, a cargo del abogado Fernández Goberna, alega que las armas de que se incautó la Policía están descatalogadas y obsoletas y eran incompatibles con la munición que las acompañaba. El letrado ha señalado que el auto de prisión ‘contradice’ los criterios en los que el Tribunal Supremo se basó para mantener el asilo político de Moto, una vez que el Gobierno decretara su anulación en 2006. Según Fernández Goberna, se trata de una ‘encerrona’ del CNI. 

En ámbitos de la inteligencia sobre Guinea Ecuatorial, constan ‘las ganas que el Gobierno le tiene a Moto’ tanto como la imprudencia del opositor. La situación es delicada en tanto que lo incautado es de menor entidad, la anulación del asilo político dejaría desprotegido a Moto y, fundamentalmente, el Gobierno de España –tras hablar con una docena larga de países- no ha conseguido que ninguna otra nación acepte a Moto como asilado.

Téngase en cuenta que las actividades de Moto repercuten en la indignación de Obiang contra el actual Gobierno de España, interesado en mantener las mejores relaciones con la nueva potencia petrolífera. Aun así, la extradición de Moto a Guinea se descarta por razones humanitarias.

Lo previsible es que Moto pase un tiempo en prisión pero fuentes ecuatoguineanas aseguran que Moto está recabando ayuda del Partido Popular para su asistencia jurídica, en tanto que la defensa de Moto –afirman- es de muy escaso nivel. El Partido Popular, comentan estas mismas fuentes, hace mucho tiempo que ha dejado de respaldar a Moto, pero sí ha contribuido con cierta eficacia a que ‘Moto esté tranquilo y deje de conspirar’. El PP español apoya ahora al opositor Avelino Mocache, residente en la parte continental de la antigua colonia. Aun así, el encargado de Guinea Ecuatorial del PP, mano derecha de Jorge Moragas, parece estar buscándole un letrado a Moto, e incluso sufragándoselo, dada la calamitosa situación financiera del ecuatoguineano.

Lejos de ser un guión de Azcona, esta presunta trama golpista se ha cobrado una vida, la de Saturnino Nkogo, el hombre que iba a recibir las armas en Guinea Ecuatorial, asesinado por la policía de aquel país. La última interpretación de la supuesta intentona golpista es que Moto se sintió envalentonado para hacer cuanto quisiera una vez el Tribunal Supremo revalidó su condición de asilado político en España.