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Política

La Subsecretaria de Defensa lleva dos años recabando datos sobre el Yak-42: Generales se negaron a colaborar hasta que les llegó una orden por escrito

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La causa abierta contra los responsables políticos y militares por el accidente del Yak-42 ha contado con la colaboración de los actuales gestores del Ministerio de Defensa. La Subsecretaria, María Victoria San José, lleva dos años recabando datos. Algunos Generales han sido forzados a ayudar en las investigaciones con órdenes por escrito.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, la tarea de recabar información sobre el accidente ocurrido el 26 de mayo de 2005 en Turquía en el que 62 militares españoles fallecieron comenzó cuando Francisco Pardo era Secretario de Defensa.

Tras abandonar el Ministerio, la tarea iniciada por Pardo continuó con la actual Subsecretaria, que llegó a Defensa en abril de 2006, y que ocupó entonces el cargo de Secretaria General Técnica. Es decir, la información presentada en la causa comenzó a recabarse antes de la petición oficial.

Para la causa que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, se ha requerido información documental de diferentes áreas del Ministerio. Según estas fuentes, las peticiones para ciertos documentos internos han exigido órdenes por escrito, firmadas por San José, donde “los Generales se negaban a entregar la documentación para proteger a sus compañeros”, aseguran.

Actualmente, Grande-Marlaska ha imputado en el caso a cinco militares: el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Juan Luis Ibarreña; el Comandante de la Sección Logística, Alfonso Elías Lorenzo; el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante General Antonio Moreno Barberá; el antiguo Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto y del Grupo de Control del Contrato, Contraalmirante José Antonio Martínez, y el Coronel Jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, Joaquín Yánez.

Por su parte, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, culpó a su sucesor, José Bono, del hostigamiento sufrido por este caso. Los familiares de los fallecidos en el accidente están siendo “instigados de manera sostenida” por el PSOE y “de manera muy eminente” por el también ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso, según Trillo.