Víctimas de atentados relatan su “calvario” personal para lograr una indemnización de Interior y la Cruz Pensionada del Ejército

Según ha podido saber El Confidencial Digital, las víctimas del terrorismo de la Guardia Civil se sienten desamparadas tanto por el Ministerio de Interior como por la Junta de Generales de la Benemérita. Se sienten solas y abandonadas en un sinfín de medidas burocráticas que, en muchos casos, les producen mayores trastornos.   Tras sufrir un atentado, los guardias se encuentran con el primer problema de cara a un reconocimiento económico por las lesiones: el inmediato cese en el destino al iniciarse el expediente por “Pérdida de Condiciones Psicofísicas”. Las víctimas explican que dos años después de aplicarse la baja, comienza el citado expediente, un procedimiento “eterno”: desde el pase por la Junta Médico Pericial Ordinaria hasta la terminación del mismo, pueden pasar hasta cuatro o cinco años.   Aquí hay que sumar otro inconveniente para los guardias afectados. El daño no sólo es económico sino moral. Habitualmente, estas personas sufren secuelas psíquicas en un 90 por ciento, que se agudizan con el paso del tiempo y sin solución posible.   Tras los años de espera mencionados más arriba, llega el veredicto de la Junta Médico Pericial, que “no suele reflejar el tipo de incapacidad”, lo único que permite optar a las indemnizaciones amparadas en la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Los antiguos Tribunales Médicos Militares tenían la última palabra en los informes y así lo hacían constar, determinando el grado de incapacidad de la víctima. Ahora, las Juntas de Médicos Periciales – ordinarias o central- no explican el grado de incapacidad, denuncian los afectados, por lo que resulta complicado optar a cualquier tipo de indemnización.   De ordinario, para protegerse, las víctimas recurren a la vía judicial ante el Tribunal Supremo que resuelven positivamente “en un 99 por ciento de los casos”. No obstante, explican, el plazo de espera por este camino “es también de otros tres años”.   Las víctimas disponen de seguros contratados –ya sea a nivel personal como colectivo- que trasladan los casos directamente al Consorcio de Compensación de Seguros. Sin embargo, denuncian, el tipo de “incapacidad laboral” que ellos padecen no esta estipulada por lo que suelen quedar excluidos de una indemnización. En estos casos, cuando la vía judicial no es favorable, las víctimas recurren a instancias superiores como las Audiencias Provinciales, Nacionales y llegados el caso, el Supremo.   A lo expuesto, hay que añadir que para el caso concreto de los guardias civiles, administrativamente no existe normativa que les ampare, incluida la indemnización por pérdida de la condición militar. Según los denunciantes consultados, la Audiencia Nacional admite a trámite algunos casos “pero no así otros”, por lo que “se está dando una nueva desigualdad entre las víctimas del terrorismo”.   En cuanto a una posible subvención a través de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil o Policía Nacional, también llamada “condecoración pensionada”, los denunciantes advierten que “dependiendo del jefe de la Comandancia o de Policía Nacional, unos son propuestos para la misma y están en posesión del galardón, y otros, incluso víctimas del mismo atentado, no la poseen”.   Y concluyen: “todos aquellos que hemos sufrido atentados terroristas entre 1969 y el año 2000, carecemos de la Cruz, incluso habiendo sido reconocidos como víctimas del terrorismo”. Estas negaciones son responsabilidad, añaden, de la Junta de Generales de la Guardia Civil.   El caso es grave. Psiquiatras como Julio Bobes, Juan José López-Ibor o Alfredo Calcedo Barba, han denunciado reiteradas veces que estas víctimas sufren segundas, terceras, y sucesivas consecuencias: lo que denominan nuevos “atentados” a su integridad. Esta situación, llamada también “victimización”, se produce cuando las víctimas del terrorismo no son atendidas convenientemente en cuanto a las ayudas económicas. Los males psíquicos persisten.