La Xunta de Galicia espera a que Elena Salgado vuelva de vacaciones para negociar las transferencias prometidas en junio por Jordi Sevilla
Las conversaciones se iniciaron en junio en el marco de la comisión bilateral. Entonces, se habló de transferir hasta siete competencias consideradas prioritarias para la comunidad gallega y reformar la actual comisión bilateral. De ello, debía hablarse en una segunda ronda contactos que, según se quejan desde administración gallega, aún no se ha celebrado.
La petición se hizo al Ministerio de Administraciones Públicas poco después de aquella reunión de la comisión bilateral de junio en la que los gallegos no quedaron muy contentos. Entonces el ministro era Jordi Sevilla. Pero según aseguran a El Confidencial Digital fuentes de la administración gallega, nadie les ha respondido hasta la fecha. Elena Salgado se encontrará con este conflicto a la vuelta de las vacaciones.
Las competencias que hace unos meses se pusieron sobre la mesa fueron las siguientes:
-- La expedición del título de gestor administrativo, que ya fue traspasada.
-- El salvamento y seguridad marítima.
-- La inspección de trabajo.
-- Los centros de investigación del Estado con sede en Galicia.
-- Los archivos históricos y museos.
-- Los inmuebles de la Seguridad Social adscritos a servicios y competencias ya transferidas a la comunidad
-- Cuantificar y saldar la deuda de superficie de la Administración en las cuatro provincias.
Además, otro de los objetivos de la Xunta es reformar el actual funcionamiento de la comisión bilateral, el órgano que rige las relaciones entre el Estado español y el gobierno gallego. La idea, explican, es que funcione al mismo nivel que lo hace con otras comunidades autónomas que parece que obtienen resultados más satisfactorios, como ocurre en Cataluña.
Con este planteamiento, desde la administración autonómica se ha enviado una propuesta al gobierno central en la que se pide que, entre las funciones de la comisión, se incluyan las infraestructuras y los planes de reestructuración y reconversión de sectores industriales y económicos o de áreas geográficas. Además, solicitan que este órgano se reúna con una periodicidad de tres meses y no sólo cuando surja un conflicto o problema.
