Viernes 28/07/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Más fracturas en el seno de la Generalitat de Cataluña

Los consellers Jané y Borrás no darán órdenes ilegales a Mossos y directores de colegios

Si se convoca el referéndum, cederán sus competencias a Puigdemont para no incurrir en delito de desobediencia al TC y por el riesgo de sanciones económicas

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Por primera vez, un consejero de la Generalitat ha admitido sus dudas sobre la celebración del referéndum independentista en Cataluña. Como consecuencia, Jordi Baiget ha sido cesado. Su salida ha abierto en canal el Gobierno de Carles Puigdemont. Los consellers que más van a tener que implicarse en el referéndum, con actuaciones ilegales directas, comienzan a recular.

Gobierno de Carles Puigdemont tras el cese de Jordi Baiget. Gobierno de Carles Puigdemont tras el cese de Jordi Baiget.

Hace unas semanas, el presidente de la Generalitat anunció la fecha del 1 de octubre y la pregunta de la consulta, cuya convocatoria, tal y como se contó ECD, firmaron todos los consejeros. Esa exigencia de firma perseguía vincular a los miembros del Govern, con el objetivo de que todos, sin dejar nadie al margen, fueran responsables legales de la convocatoria.

Que todos los consellers se retraten

Con esa maniobra, Puigdemont pretendía también retratar a aquellos consejeros que, según sus sospechas, rechazan la independencia y no querían “mojarse” con el referéndum. En ese grupo, el president incluía entonces ya a la responsable de Gobernación, Meritxel Borrás; al titular de Interior, Jordi Jané; y al de Cultura, Santi Vila.

Finalmente, todos los consejeros estamparon entonces su rúbrica. Entre otras cosas, porque la mayoría, después de consultar con juristas amigos, confirmaron que esa firma no tendría consecuencias penales, al tratarse de un mero trámite más de cara a la galería, y en su caso poder alegar ante un juez que fue una “intervención mínima”.

Ahora, Puigdemont acaba de presentar la ley de referéndum. Y ha dado orden de que todos se impliquen de verdad en el proceso. Para ello, les va a comenzar a obligar a impulsar resoluciones en favor de la organización de la consulta.

Se remitirá al acuerdo de gobierno firmado en marzo, en el que se ponía por escrito el “inicio inmediato de las actuaciones administrativas necesarias” para poder celebrar el referéndum. Un escrito que, en su opinión “obliga e implica a todos”.

No darán órdenes ilegales a Mossos y colegios

De cara al referéndum, Jordi Jané, como consejero de Interior, debería firmar un escrito con instrucciones precisas para los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, Meritxel Borrás, como responsable de Gobernación, sería la encargada de dar órdenes a los directores de colegios para que entreguen las llaves y pongan esos locales a disposición de los organizadores para poder celebrar la votación.

Ambos actos pueden tener consecuencias legales a posteriori, si la Fiscalía General del Estado denuncia a la Generalitat. En ese escenario, los dos consejeros deben decidir si quieren asumir o no una posible responsabilidad penal.

Según altos cargos de la Generalitat, con los que ha hablado El Confidencial Digital, ni Jordi Jané, ni Meritxel Borrás, están dispuestos a dictar órdenes ilegales a Mossos y a directores de colegios.

Han confesado a su entorno que temen las elevadas sanciones económicas a las que se enfrentarían, que comprometerían su patrimonio personal y familiar.

Consideran que la convocatoria de una consulta unilateral que se declara vinculante, pero que luego no podrá serlo, lleva a Cataluña a un fracaso sin precedentes.

Llegado el momento, si se convoca el referéndum, su plan es ceder sus competencias a Presidencia, es decir la firma de órdenes directas por escrito contrarias a la ley, para no incurrir en delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. La intención de ambos es no abandonar el cargo, salvo que sean destituidos por Puigdemont, como ha hecho con Baiget.

Dos clases de consellers en la Generalitat

En el equipo de Gobierno de la Generalitat han venido conviviendo dos clases de consellers: los que, en aplicación de esas futuras leyes catalanas, han protagonizado pasos prácticos y concretos para la puesta en marcha de la independencia; y los que, entretanto, han podido limitarse hasta ahora a gestionar el día a día de Cataluña.

Estos últimos miembros del Consell se mantenían tranquilos porque no corrían peligro. Se mostraban seguros porque, en principio, no venían tomando decisiones ilegales. No obstante, reconocen en privado que también han ido poniendo, discretamente y sin saltarse ninguna ley, las bases técnicas y organizativas para que la independencia sea posible.

Los tres “mártires” por la independencia

Mientras, los consellers que protagonicen las actuaciones de ‘desconexión’ se enfrentan a la amenaza de que el Estado reaccione con la aplicación de la ley, y lo mismo el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la reciente reforma que convierte en obligatorias las decisiones del TC, con amenaza de acción penal en caso de incumplimiento.

Según fuentes del PDeCAT consultadas por ECD, hay tres miembros del Consell que saben con seguridad que sufrirán consecuencias penales por sus actos pro referéndum, y lo tienen asumido. Se les ha llegado a escuchar, en privado, que están dispuestos a convertirse en “mártires” por la independencia de Cataluña.

Esos tres son: Oriol Junqueras, vicepresidente y responsable de Hacienda, número dos de la Generalitat; Raúl Romeva, consejero de relaciones exteriores; y Neus Munté, consejera de Presidencia.

Por su cargo y competencias, les corresponde aplicar las tres leyes citadas, y por tanto protagonizarán iniciativas y actuaciones que irán en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional y de otras leyes del Estado. Lo saben y, según dicen, no les importa.


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