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Política

La devolución de patrimonio a UGT amenaza con romper la unión sindical, el diálogo social y las relaciones con IU

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Dentro de IU, en sectores afines a Gaspar Llamazares, se sostiene que el Real Decreto Ley que restituye patrimonio a UGT supone una ruptura de la unión sindical y una quiebra del diálogo social, que se está traduciendo –dicen- en una rebaja de las exigencias al Ejecutivo.

Dentro de IU, en sectores afines a Gaspar Llamazares, se sostiene que el Real Decreto Ley que restituye patrimonio a UGT supone una ruptura de la unión sindical y una quiebra del diálogo social, que se está traduciendo —dicen- en una rebaja de las exigencias al Ejecutivo. “Este Real Decreto Ley significa poner piedras a la unión sindical y ya ha supuesto el comienzo de un enfrentamiento entre los dos principales sindicatos”, afirman desde la sede principal de la federación en la calle Olimpo. Así las cosas, en el entorno de Llamazares se piensa que la fractura sindical perjudicará a los intereses de los trabajadores: “UGT está relajando el tono de sus propuestas y se torna más blando respecto a sus exigencias al Gobierno Zapatero”, sostienen. Estas mismas fuentes critican la forma en la que el Ejecutivo ha sacado adelante la polémica ley: sin consultar, de manera unilateral y favoreciendo al “sindicato hermano”. Comisiones Obreras piensa recurrir la ley. Sus responsables han remitido al Defensor del Pueblo un documento con las argumentaciones en las que se afirma que el Real Decreto Ley del 13/2005 de 28 de octubre viola la libertad sindical y es contrario a la Constitución Española. Además, CC OO denuncia en su escrito a Enrique Múgica que no se dan los elementos, que conforme el articulo 86.1 de la Constitución y la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, justifican la utilización del Decreto Ley como instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que reclaman una acción legislativa inmediata. Por cierto que el Defensor del Pueblo ya ha informado a Comisiones Obreras que no recurrirá al TC. Un dato más. Este último argumento ha sido esgrimido también por el PP para recurrir la ley ante el Constitucional. Dirigentes “populares” han señalado que no se trata de una medida que exija una promulgación urgente mediante Decreto Ley.

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