Serían puntos de votación en el referéndum de independencia

Los directores de colegios exigirán a la Generalitat órdenes por escrito para abrir los centros

Esta semana se reúnen con la directora de relaciones sindicales del gobierno de Puigdemont. En el 9-N sólo recibieron instrucciones orales para entregar las llaves

Los preparativos para el referéndum independentista en Cataluña están encontrando el escollo de los alcaldes socialistas o de las candidaturas de Podemos y los “comuns” que se niegan a ceder espacios municipales para la votación. La Generalitat recurrirá a instalar urnas en colegios e institutos públicos que tiene por todo el territorio, lo que coloca en el punto de mira a los directores y funcionarios de los centros educativos.

En el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014 -que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional- se enfrentaron las versiones de directores de centros educativos públicos, inspectores y altos cargos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat con versiones contrapuestas sobre porqué se abrieron los colegios e institutos públicos para acoger la votación.

Algunos directores e inspectores denunciaron presiones de los mandos de la Generalitat, que les transmitieron la “obligación” de facilitar la apertura de los centros educativos para la consulta del 9-N. Pero estos cargos del Departamento de Enseñanza lo negaron, y además contaban con una baza: las órdenes fueron orales, nunca escritas, por lo que esos directores “presionados” no tenían documentos para acreditar estas instrucciones.

Reunión Generalitat-sindicatos antes del 1-O

Los equipos directivos de los centros educativos de Cataluña llevan semanas a la expectativa, esperando que se aclarara la situación, ya que en un principio el gobierno de Puigdemont trató de derivar en los más de 900 ayuntamientos catalanes la responsabilidad de ceder locales municipales para colocar allí las urnas.

Distintas fuentes de sindicatos de funcionarios aseguran a El Confidencial Digital que en esta ocasión la actitud de los directores de colegios e institutos será muy distinta a la de 2014, cuando apenas un par se negó a abrir los centros el 9-N por estar suspendida la consulta independentista.

Ahora muchos de los responsables de los centros educativos públicos de Cataluña se muestran decididos a exigir que las órdenes se den por escrito. De hecho, así lo van a transmitir a la Generalitat sindicatos como CSIF en una reunión que van a mantener esta semana con la directora de relaciones sindicales y otros altos cargos del gobierno autonómico; una reunión que precisamente se ha convocado para tratar de aclarar dudas de los funcionarios catalanes sobre qué papel tendrán que asumir en el referéndum del 1 de octubre.

“Son muchos los que nos han transmitido ya que si no hay órdenes escritas no van a entregar las llaves del colegio”, aseguran fuentes sindicales. Las razones por las que esta exigencia de los directores es mayor que hace cuatro años son varias.

Mayor decisión en el Govern... y en Moncloa

Por un lado, ven más dispuesta la Generalitat a dar esas órdenes por escrito. A diferencia del 9-N, cuando el gobierno de Artur Mas simuló apartarse a última hora de la organización de la consulta y dejarla en manos de “voluntarios”, en esta ocasión el ejecutivo de Carles Puigdemont parece decidido a ir hasta el final pese a los delitos que vayan a cometer.

Además, las fuentes consultadas por ECD destacan que en el Departamento de Enseñanza se han producido en los últimos meses varios relevos en cargos clave: cargos que ahora ocupan personas decididas a no dudar en este desafío al Estado. No sólo cambió la consejera Meritxell Ruiz por Clara Ponsatí, sino también los números dos y tres del departamento y otros cargos territoriales que ahora tendrían que firmar las órdenes a los directores y otros funcionarios educativos.

Pero al mismo tiempo, muchos directores tienen ahora mayor temor a la acción de las instituciones nacionales para frenar el referéndum. En las semanas previas al 1-O se están produciendo actuaciones que no hubo antes del 9-N, como las citaciones a más de 700 alcaldes, registros para buscar la documentación electoral, querellas, intervención de las cuentas de la Generalitat...

 

Al ver que el Estado en esta ocasión sí se está tomando más en serio el referéndum, buena parte de los directores temen que las “represalias” les alcancen también a ellos si facilitan el referéndum, por ejemplo con un proceso judicial que acabe en condena a inhabilitación.

Tras el 9-N, algunos ya tuvieron que declarar, aunque fuera como testigos. Ahora advierten que la reacción del Gobierno, de la fiscalía y de los tribunales puede ser más decidida, y por eso quieren tener órdenes escritas para poder escudarse en ellas. Además, sindicatos como CSIF recomiendan a quienes no quieran cumplir esas órdenes que lleven las instrucciones escritas ante la fiscalía, para así apartarse de la comisión de cualquier tipo de delito por colaborar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña.

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