Jueves 30/06/2016. Actualizado 13:18h

  • this image alt

elconfidencialdigital.com elconfidencialdigital.com

La web de las personas informadas que desean estar más informadas

·Publicidad·

Política

“Si buscan ahorrar, que echen a los enchufados”

Los 60.000 empleados de las diputaciones declaran la guerra al PSOE

Encierros en todas las capitales, filtración de sueldos de cargos ‘a dedo’ y boicot de servicios, en protesta por la supresión pactada con Ciudadanos

    • Facebook (Me gusta)
    • Tweetea!
    • Google Plus One
  • Compartir:

Los empleados de las diputaciones no ven viable una recolocación de las 60.000 personas que trabajan en los “consejos de alcaldes”. Por ello, han reclamado al PSOE que, “si quiere ahorrar, empiece por echar a sus enchufados”. Se preparan protestas, filtraciones de sueldos de asesores y un boicot en la prestación de servicios a los pequeños municipios.

Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pedro Sánchez y Albert Rivera.

-- “Lo primero que pueden hacer es quitar a los muchos asesores ‘enchufados’ en las diputaciones, que han sido durante años sitios donde colocar a la gente; y que no toquen a los empleados públicos que atienden a los ciudadanos”.

Así de contundente se muestra un alto cargo sindical, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, que confirma, además, protestas en toda España si comienza a ejecutarse el acuerdo sellado entre PSOE y Ciudadanos para suprimir las diputaciones.

Se preparan encierros en las diputaciones

Los principales sindicatos con representación en la Administración Pública (UGT, CCOO y CSIF) perfilarán en las próximas semanas “un calendario de actuación, en el que se establecerá qué medidas de protesta llevar a cabo para presionar a PSOE y Ciudadanos”.

Entre las acciones que están sobre la mesa, se destacan:

-- La convocatoria de paros durante la jornada laboral. Los delegados sindicales decidirán los días y las horas concretas en que los funcionarios dejarán de realizar su trabajo, para convocar paros parciales y protestar por esta medida.

-- Manifestaciones masivas en toda España. Además de los paros parciales en las diputaciones provinciales, las centrales van a convocar concentraciones en toda España para que los funcionarios salgan a la calle y hagan visible su oposición al plan de Sánchez y Rivera.

No se descartan los encierros en las sedes como “símbolo de que no están dispuestos a abandonar sus puestos”. Insisten en dejar claro que estas instituciones están dando “un servicio vital” al mundo rural.

Esas concentraciones se realizarán en las capitales de provincia y también en los pueblos, donde “los habitantes sufrirán especialmente esta drástica reducción de prestaciones básicas”.

-- Boicot en los servicios a los municipios. Las centrales animarán a los funcionarios a responder a la supresión de la diputaciones a través de pequeños boicots en sus puestos de trabajo.

“Se llevarán a cabo medidas de presión como retrasar la tramitación de informes urgentes o emplear más tiempo en prestar los servicios a los pequeños municipios, como la recogida y el tratamiento de residuos, la gestión de carreteras y de agua, la extinción de incendios, el transporte de viajeros... para demostrar la utilidad de estos organismos”, explican.

-- Filtración de datos confidenciales de cargos nombrados ‘a dedo’. Uno de los principales objetivos de los sindicatos es “poner en evidencia los suntuosos gastos en asesores y personal eventual en las diputaciones”.

Bajo el epígrafe de “asesor de Servicios Generales y Órganos de Gobierno”, denuncian, se han colocado a muchos ex alcaldes. De este modo, se han negociado pactos en ayuntamientos o la recolocación de candidatos que no han sido capaces de ganar en las urnas y han sido premiados con un sueldo de una diputación.

Para ello –advierten-, “revelaremos sueldos de asesores y altos cargos socialistas nombrados ‘a dedo’ por estos organismos”, así como “facturas millonarias de servicios inútiles”.

El máximo de asesores que permite la ley

Según las fuentes consultadas, algunos grupos de empleados públicos han comenzado ya a recabar esa información que “ponga de manifiesto el despilfarro que suponen los enchufados”. Se ha empezado por la comunidad con mayor número de diputaciones en manos del PSOE, Andalucía, donde este partido dirige 6 de las 8 provincias.

Por ejemplo, llama la atención que un total de 27 personas forman la plantilla de asesores de la Diputación Provincial de Huelva. Esta legislatura ha aumentado hasta el máximo que le permite la ley la cantidad de “personal eventual” con cargo a sus cuentas.

La Diputación onubense, donde el PSOE cuenta con mayoría absoluta, cuenta durante los próximos cuatro años con el mismo número de asesores que de diputados. Los nombramientos llevados a cabo por los socialistas rozan la veintena: en concreto, 19 -de los 27 totales- de estos asesores han llegado de la mano del PSOE.

En la Diputación de Córdoba, presidida por el socialista Antonio Ruiz, ha aumentado también el número de personal de confianza hasta 29 en esta legislatura, el máximo que permite la legislación. El área de Presidencia tendrá diez asesores, frente a los cuatro del anterior mandato; el grupo socialista contará con ocho personas, siete tendrá el PP, dos Izquierda Unida, uno Ciudadanos y también uno de Ganemos Córdoba.

Cargos que cobran más que el presidente autonómico

La Diputación de Sevilla ha aprobado una tabla salarial de la nueva corporación -diputados y personal eventual, sin incluir a los gerentes de las empresas públicas- para los próximos cuatro años. Los sueldos superan, en algunos casos, el del más alto cargo público de Andalucía, la presidenta Susana Díaz.

Es el caso, por ejemplo, del propio responsable de la institución provincial, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, y de tres de sus asesores, cuyos salarios brutos anuales se aproximan a los 70.000 euros. La nómina de Díaz asciende a 63.808,20 euros al año, 4.883 euros por debajo que la del presidente de la Diputación, que suma 68.691 euros.

Por encima del sueldo de Villalobos están las retribuciones que perciben tres de sus asesores: el jefe de gabinete, el coordinador de relaciones protocolarias y el coordinador de comunicación. En los tres casos, el salario está fijado en 69.800 euros, casi 6.000 euros más que la presidenta del Gobierno andaluz.