Sábado 03/12/2016. Actualizado 01:21h

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Política

Unas maniobras militares donde ‘Lusitania’ invade ‘Quijotia’ levantan gran revuelo en el Estado Mayor: el JEME ha pedido cautela

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El general Carlos Villar Turrau ha tomado cartas en el asunto pues el asunto ha llegado a sede parlamentaria. El origen está en un polémico ejercicio militar que contempla eliminar al enemigo, la invasión de Lusitania y recuperar el control de unos yacimientos de oro y petróleo.

“Operación Cid Campeador”. España invadida por Portugal en pleno siglo XXI. Es la batalla ficticia que se ha preparado en algunos cuarteles del Ejército de Tierra en Madrid. El ejercicio consiste en “repeler la invasión de Quijotia por parte de Lusitania”. La elección de los nombres ha levantado un tremendo revuelo que ha sido motivo incluso de pregunta parlamentaria de Izquierda Unida al Gobierno.   El propio Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Villar Turrau, ha pedido a los responsables del ejercicio, a la sazón el teniente general Romero, que tengan cuidado en el futuro a la hora de elegir los nombres y moderen su imaginación.   Fuentes militares reconocen a El Confidencial Digital que la nomenclatura elegida para esas batallas ficticeas siempre ha generado suspicacias. Hace algún tiempo los equipos que entraban en combate eran llamados “rojo y azul”, al igual que los países. Hasta tal punto no gustaba esa denominación que los altos mandos del Ejército llegaron a pedir que fueran ocultados a la prensa cuando los periodistas presenciaban algunos de esos ejercicios.   La otra parte del curso consiste en “eliminar al enemigo y recuperar el control de los campos auríferos y petrolíferos”. Izquierda Unida ha enviado un escrito al Estado Mayor mostrando su perplejidad por lo incorrecto de esta terminología. También ha preguntado al Ejecutivo si puesto que en España no existen yacimientos de petróleo y desde la época romana tampoco de oro, hay que suponer que esa intervención sería en el extranjero. La coalición de Llamazares echa en falta la base jurídica en la que se sustentaría ese tipo de intervenciones.   La pregunta parlamentaria quedó registrada por escrito en el Congreso de los Diputados el pasado día 6 de septiembre. A fecha de hoy, aún no ha sido contestada por el Gobierno.

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