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Política

El “proceso de paz” se ralentiza: ni Gobierno ni ETA quieren negociar ahora, aunque hubo un “contacto previo” en julio

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Definitivamente, el llamado “proceso de paz” está en fase de ralentización, y no hay previsión de que vaya a producirse un encuentro entre Gobierno y ETA, aunque hubo un “contacto previo”.

Ni el Gobierno ni la banda terrorista quieren en estos momentos fijar fecha para una reunión en la que iniciar la negociación que anunció, el pasado 29 de junio, el presidente, Rodríguez Zapatero. Como pronto, todo apunta al mes de octubre.   En la segunda semana de julio, Batasuna decidió definitivamente no legalizar un nuevo partido, tras la celebración de asambleas locales, y tras escuchar a los colectivos que integran el mundo radical abertzale. La opinión de las bases fue que la legalización, en las actuales circunstancias, equivaldría a una rendición.   Más en concreto, se pronunciaron en contra el colectivo de presos, organizaciones como Askatasuna y Etxerat, o las Gestoras pro Amnistía. Todos ellos mantuvieron la posición de exigir que, antes, el Gobierno cumpla los “compromisos” que, según el mundo próximo a la banda, asumió a lo largo de los contactos previos.   ETA exige que se cumpla lo pactado   En esas fechas, el 10 de julio, a través del diario Gara, ETA difundió un comunicado exigiendo al Gobierno el cumplimiento de los pactos a que habían llegado. Según la banda, los negociadores del Gobierno se comprometieron, entre otras cosas, a que terminen las detenciones de etarras, y a permitir a HB llevar a cabo una actividad política con “normalidad”, puntos ambos que no se han cumplido.   Además, la resistencia a legalizarse se debe a que reclaman garantías de que no habrá posterior ilegalización. Y la condición sería la derogación de la Ley de Partidos. Según fuentes solventes, Batasuna-ETA ha recibido seguridades de que ni el Gobierno, ni la Fiscalía General, ni la Abogacía del Estado, impedirán la existencia y actividad del nuevo partido.   La existencia de esa nueva formación sería, pues, admitida, con tal de que sus estatutos reflejaran, no una condena de la violencia, pero sí la defensa de los derechos humanos o fórmula semejante.   Lo que el Gobierno no garantiza es cuál va a ser la actuación de los jueces en relación con el nuevo partido, cuando ya esté legalizado. Si, por ejemplo, se registraran episodios de violencia callejera, y extorsiones a empresarios, cualquier juez podría exigir a ese partido que condenara la violencia. Y como, en principio, Batasuna nunca condenará ninguna actividad de ETA, hay riesgo cierto de que ese magistrado ilegalice el partido heredero de HB, aplicando precisamente la Ley de Partidos (que el Ejecutivo no está dispuesto a derogar).   El Gobierno aplaza hasta septiembre   Al tener información de que Batasuna había descartado entrar en la vía de la legalización, el Gobierno reaccionó aplazando cualquier contacto negociador hasta después de septiembre, momento procesal en el que ahora nos encontramos. Y, por supuesto, aparcando la posibilidad de un acercamiento de presos.   A pesar de que, por tanto, aún no ha comenzado la negociación Gobierno-ETA, este verano sí se ha producido un “contacto exploratorio”, previo a cualquier cita formal, según informó la Cadena COPE. Se celebró entre el 3 y el 9 de julio.   Ese contacto estuvo protagonizado por los “negociadores de siempre”, es decir, el “grupo de Egiguren”, las personas que, desde hace más de cinco años, iniciaron y han mantenido conversaciones con el entorno de Batasuna que fueron los primeros pasos hacia la tregua.