La reforma que ultima el PP para ‘salvar’ el Senado: tendrá la última palabra, y no el Congreso, sobre reforma de Estatutos de Autonomía, techo de gasto y cesión de tributos
Convertir el Senado en una verdadera cámara autonómica es uno de los retos de Mariano Rajoy. El Gobierno está preparando una ley para proceder a una reforma profunda de la Cámara Alta, a la que se le otorgará un papel fundamental en la tramitación de todos los proyectos que tengan que ver con las administraciones locales, por encima del Congreso.
Según ha sabido El Confidencial Digital, Génova lleva trabajando en esa reforma del Senado desde la celebración de las pasadas elecciones generales. El mensaje de Mariano Rajoy entonces fue claro: “Hay que potenciar la importancia del Senado y convertirlo en un verdadero organismo autonómico, para que nadie dude de su utilidad”.
Al líder del PP le preocupa la percepción que los ciudadanos tienen de la Cámara Alta, sobre todo después de comprobar que una las reivindicaciones de los ‘indignados’ y demás colectivos críticos que más respaldo obtuvo en la opinión pública fue precisamente la eliminación del Senado.
Tendrá la última palabra en temas autonómicos
Fuentes autorizadas de la dirección nacional del PP, consultadas por ECD, cuentan que “ya hay un borrador con todos los cambios que deben introducirse en el Senado. Nuestro grupo en la Cámara ha trasladado al resto de partidos los puntos clave de la reforma y en pocas semanas se empezará a tramitar para hacer una ley”.
La principal reforma que incluirá el texto es que, a partir de la aprobación de la nueva norma, el Senado será quien decida en la tramitación de todos los proyectos que tengan que ver con las comunidades autónomas.
En concreto, “los cambios en los Estatutos de Autonomía y en la financiación local sólo podrán ser aprobados por la Cámara Alta, que es donde se iniciará la tramitación, para ir después al Congreso, y regresar finalmente, donde se producirá la votación definitiva”.
Lo mismo pasará también con la cesión de tributos del Estado a las comunidades autonómicas, uno de los temas más polémicos debido a las exigencias de regiones como Cataluña y País Vasco, que reclaman competencia en cuestiones que ahora lleva la Agencia Tributaria como el cobro de determinados impuestos.
Adiós al catalán, euskera y gallego
Una de las medidas incluidas en esa reforma y que, previsiblemente, más polémica generará será dejar sin validez la autorización para usar las lenguas autonómicas en el Senado que fue impulsada por el Gobierno Zapatero.
Las fuentes consultadas explican que “la medida ya tuvo muchas voces en contra, cuando se anunció por el anterior Ejecutivo, y queremos volver a la situación de antes, en la que ningún senador necesitaba un traductor para entender lo que se decía en la Cámara”.
Desde el PP explican que acabar con esa autorización “supondrá además un ahorro de 120.000 euros anuales, que es lo que hasta ahora había que gastarse en la instalación y el mantenimiento de los pinganillos (los auriculares)”.
El presidente tendrá que acudir obligatoriamente
Una de las iniciativas que puso en práctica José Luis Rodríguez Zapatero, y que el Gobierno de Rajoy pretende consolidar con la aprobación de la nueva norma, es la obligación, por parte del presidente del Ejecutivo, de acudir al menos una vez al mes al Senado para someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios en una sesión de control.
“Hasta ahora, es un acto voluntario, pero nosotros queremos que se convierta en obligatorio, para que la labor de presidencia sea aún más transparente”, explican las fuentes antes citadas.
