Un borrador que regula la situación jurídica de las víctimas del terrorismo sigue en el cajón de Rubalcaba, que exige unanimidad
El Ministerio del Interior ha redactado un borrador para regular la situación jurídica de las víctimas del terrorismo, que está listo para ser sometido a examen y propuestas de los diferentes grupos políticos. Sin embargo Rubalcaba no se atreve a sacarlo porque falta una ‘ventana política’ para introducirlo.
Era una de los objetivos fijados para esta legislatura. De hecho, según confirma el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, esta norma es absolutamente necesaria. Por eso, el Gobierno se puso a trabajar hace algo más de un año y, de hecho, ya tiene redactado un primer boceto con los puntos básicos.
Sin embargo, el titular de Interior justifica que nada se haya progresado en este capítulo argumentando que, en la actualidad, no existe el clima político idóneo para sacarla adelante ya que la norma requeriría el consenso de todos los grupos parlamentarios. De momento, explica, el Partido Popular no está por la labor. “Si hubiera ese consenso, la Ley ya estaría hecha”, ha dicho.
Al parecer, el titular de Interior busca el mismo asentimiento del que gozó la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que nació por el acuerdo unánime de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Ya en 2006, tras el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Eduardo Zaplana, portavoz del grupo popular en el Congreso, alegó que “había que esperar a lo que proponga el presidente, aunque el PP estaría de acuerdo con cualquier ley que beneficie a las víctimas del terrorismo”.
No sólo los grupos políticos reclaman dicha Ley. Ante las diferentes situaciones que se han ido creando por la variedad de los fenómenos terroristas, en 2005 asociaciones como la de Afectados por el 11-M entregaron a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso una propuesta para que los españoles que fueran víctimas de atentado terrorista, acto de guerra, rebeldía o sedición, tuvieran un reconocimiento oficial.
